El convenio -firmado en la Escribanía Mayor de Gobierno- establece la cancelación total de la deuda reclamada, con una quita del 20% sobre los intereses y un compromiso de pago por parte del Estado provincial de $422.354.113,48, consolidando de este modo una solución definitiva a un reclamo que llevaba más de una década sin resolverse.
Cabe resaltar que, si bien el acuerdo fue realizado hoy miércoles, el pago por parte del Estado entrerriano no es de carácter automático, por lo que aún no se ha efectivizado.
Este histórico acuerdo fue posible gracias al enorme esfuerzo de gestión y articulación política e institucional de las diversas partes. Fue así que fueron actores protagónicos del entendimiento el senador provincial, Jaime Benedetti; la secretaria de Energía de la Provincia, Noelia Zapata y el titular de la Cooperativa de Electricidad -en representación de los más de 45.000 usuarios de la entidad- Nahuel Otero.
El propio Otero indicó que “este entendimiento no sólo significa la cancelación de una deuda histórica, sino también un avance institucional que garantiza estabilidad financiera para la Cooperativa y previsibilidad en la prestación de un servicio esencial como la energía eléctrica. La firma del acuerdo refleja la voluntad de diálogo, cooperación y búsqueda de consensos entre el Estado provincial y la Cooperativa, reafirmando que la articulación público–privada–cooperativa es un camino posible y necesario para el desarrollo de Entre Ríos”.
Asimismo, destacó que “la solución alcanzada representa un alivio muy significativo para la Cooperativa, porque nos permite liberar recursos que estaban comprometidos en este largo conflicto y destinarlos a nuevas inversiones, mejoras en la red eléctrica y proyectos que fortalezcan la calidad del servicio para todos los asociados”.
Finalmente, Otero remarcó: “Lo más importante es que este acuerdo demuestra que cuando hay voluntad política e institucional, los problemas que parecen irresolubles pueden encontrar un camino. Estamos convencidos de que este es un ejemplo de responsabilidad compartida que debe replicarse en otros ámbitos, siempre con el objetivo de proteger a los usuarios y garantizar la sustentabilidad de las instituciones locales”.
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