El letrado mencionó en RADIO MÁXIMA, que las causas que se llevan adelante están relacionadas a omisión de control y posible evasión de 7 mil millones de pesos.
Luciano recordó que el inicio de la situación judicial surge a partir de una serie de irregularidades administrativas y ambientales detectadas en “varias empresas mineras”, en el año 2022.
“En mayo del 2022, el Doctor Viri llamó a una audiencia y ante la evidencia de las irregularidades administrativas, se llegó a un acuerdo. Debían clausurarse nueve areneras y cuatro plantas de lavado”, explicó.
La sentencia fue comunicada a la secretaría de Ambiente y a cada empresa que estaba explotando la zona.
“Se le daba 45 días para que regularice la situación administrativa y mientras tanto debían dejar de funcionar, debían clausurarse”, señaló.
Luciano explicó que actualmente, hay cuatro imputados del gobierno provincial, el actual intendente, el secretario de minería, el ex intendente de Ibicuy y una empresaria, que fueron llamados a indagatoria. “Hay dos partes que están incumpliendo la sentencia”, afirmó el letrado.
La causa es por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de control.
“Se llega a esto porque algunos en mayor o menor medida son responsables. No es solamente un incumplimiento administrativo. Hay dos sentencias judiciales, avaladas por el Superior Tribunal de Justicia. Nadie puede negar que fue informado”, explicó Luciano.
Por otra parte, hay una denuncia en el Juzgado Federal de Gualeguaychú por una posible evasión de 7 mil millones de pesos, por la diferencia entre lo que la Provincia controla de impuestos y lo que llega a Vaca Muerta de arena de sílice. La provincia dice que controló 1,3 millones de toneladas y a Vaca Muerta llegan 4 millones.
