La diputada provincial Lorena Arrozogaray presentó un proyecto de ley que propone la exención total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes de la Categoría A del Régimen Simplificado Provincial y para quienes se encuentren alcanzados por el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.
La iniciativa parte de una definición política clara expresada por la diputada Arrozogaray: “no es razonable que quienes menos tienen sostengan una carga
tributaria que termina siendo regresiva”. En un contexto económico complejo, el proyecto plantea aliviar de manera concreta la situación de pequeños comerciantes, trabajadores independientes y emprendedores que están en la base del sistema productivo.
El proyecto establece que la exención será automática, sin trámites ni burocracia adicional, garantizando un acceso directo al beneficio, aunque
manteniendo las obligaciones formales correspondientes. Asimismo, propone modificar la Ley Impositiva vigente para fijar en $0 el impuesto mensual para la Categoría A, mientras que el resto de las categorías continuará con los valores establecidos.
Desde una mirada integral, la propuesta no sólo apunta a reducir la presión fiscal sobre los sectores más vulnerables, sino también a promover la formalización y fortalecer la economía real. Cuando el sistema impositivo castiga a quienes recién empiezan o apenas sostienen su actividad, lo que genera es más informalidad y más desigualdad.
En ese sentido, Arrozogaray explicó que el proyecto corrige una contradicción evidente ya que mientras el régimen nacional promueve la inclusión y la
formalización, la carga provincial termina funcionando como un obstáculo para quienes intentan sostener su trabajo.
Además, se trata de una medida fiscalmente responsable. El impacto en la recaudación provincial es bajo, pero el impacto social es alto porque generaría
menos presión sobre los que menos tienen, más posibilidades de sostener la actividad y más incentivos para permanecer dentro de la economía formal.
La exención tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que permitirá evaluar sus resultados y sostener una política tributaria basada en
evidencia y no en decisiones permanentes sin revisión.
