Desde principios de noviembre del año pasado la planta de celulosa UPM de Fray Bentos está funcionando sin la correspondiente habilitación para operar y hasta el momento no existe constancia oficial que los responsables del Ministerio de Ambiente hayan renovado dicha autorización, que se otorga cada tres años.
Asimismo, existirían gravísimas inconsistencias y anomalías en la aprobación del programa de control y gestión ambiental de la pastera de Paso de los Toros, que fue presentado por primera vez en mayo de 2022 y que, según estaría comprobado, fue rechazado en seis ocasiones por la Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental (DINACEA), del vecino país. Sin la aprobación de dicho plan, era imposible otorgar la autorización para que la planta de celulosa pudiera comenzar a funcionar. Además de los errores técnicos y las insostenibles aseveraciones que figuraban en los documentos, inspectores uruguayos habrían comprobado que ciertos componentes que UPM declaraba instalados en la nueva planta, en realidad no lo estaban. Sin embargo, unos pocos días después de esa inspección el 28 de marzo, la DINACEA habría recibido, por parte de la empresa finlandesa, un nuevo texto principal de más de 180 páginas, acompañado de 9 Anexos y un Apéndice. El misterio parece ser cómo fue posible que, pocas horas después de su recepción, los cientos de páginas del voluminoso documento, fuera aprobado.
Las mencionadas, serían dos de muchas otras anomalías que, desde hace pocas semanas están bajo la lupa de las autoridades argentinas, y que figuran contenidas en casi un centenar de páginas con información clasificada, según pudo recabar MAXIMA ONLINE de fuentes diplomáticas con asiento en Uruguay bajo estricta reserva.
Los reportes que se estarían analizando, también incluirían más de 30 documentos –muchos de ellos desconocidos hasta ahora- que darían sustento a una serie de procedimientos irregulares, presumiblemente cometidos por funcionarios uruguayos responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para autorizar el funcionamiento de las dos pasteras de UPM en el vecino país.
*Habilitación caducada
Una de las primeras cuestiones abordadas en la pesquisa argentina consigna que, desde 2007, cuando concedieron la primera Autorización Ambiental de Operación para la pastera de Fray Bentos, periódicamente las autoridades uruguayas fueron extendiendo a UPM las correspondientes renovaciones a dicho permiso. Según está reglamentado, cada autorización que habilita el funcionamiento de la planta industrial tiene una extensión de tres años y antes del vencimiento de una habilitación vigente, UPM -en este caso- debía cumplimentar ante el Ministerio de Ambiente uruguayo, los requisitos previstos para obtener la renovación de la licencia por otros 36 meses. (https://www.gub.uy/tramites/autorizacion-ambiental-operacion-aao).
El 1° de noviembre de 2019, el por entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del vecino país, a través de la Resolución 1766, renovó la Autorización para operar a la planta de celulosa de Fray Bentos. Según se dispone en uno de los artículos de dicha medida se dispuso que UPM, “a los efectos de poder continuar operando”, debería renovar la Autorización Ambiental de Operación a los tres años y “con suficiente antelación”. Para obtener el nuevo permiso, debía presentar “un informe que dé cuenta del desempeño ambiental durante el período del Plan de Gestión Ambiental de Operación y el Plan de Gestión de Residuos Sólidos que propone para el período siguiente”.
Al parecer, según se desprendería de la información obtenida por nuestro país, no consta que UPM haya iniciado el trámite de renovación del permiso de funcionamiento de la pastera fraybentina, el cual caducó el 1° de noviembre del año pasado ante el Ministerio de Ambiente. Hay que tener presente que éste tiene “un plazo de 180 días corridos” para el otorgamiento de la renovación de la autorización de operación por los siguientes tres años. Ese plazo comenzó a correr en noviembre último y venció el 1° de abril de 2023.
De acuerdo a lo que se aseveraría en los documentos reservados elevados a la Delegación Argentina ante la CARU y sobre los que la Cancillería de nuestro país también tendría conocimiento, no consta ninguna disposición uruguaya vigente que dé cuenta de la renovación del permiso de funcionamiento de la planta de celulosa de Fray Bentos y mucho menos que una resolución en tal sentido haya sido publicada en el Diario Oficial (símil del Boletín Oficial argentino). Por su parte, MAXIMA ONLINE comprobó que, en los registros públicos del Ministerio de Ambiente uruguayo, la última autorización que figura publicada es la otorgada en 2019 (https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/autorizaciones-vigentes).
Los hechos así planteados harían presumir que, desde noviembre de 2022, la pastera fraybentina técnicamente estaría funcionando de forma ilegal, por carecer de una formal autorización vigente para operar.
Al parecer, una de las conjeturas que explican semejante situación radicaría en el hecho que la planta de Fray Bentos estaría produciendo más toneladas de celulosa que las que, en 2013, el entonces Presidente José Mujica le autorizó de manera unilateral a UPM. Hay que recordar que, en octubre de aquel año, en una resolución firmada por el ex mandatario no solo concedió la renovación del permiso de funcionamiento a la pastera, sino que, además, le autorizó, por un lado, el incremento de su producción que pasó de 1.000.000 a 1.365.000 toneladas anuales de celulosa y, por el otro, la cantidad de fósforo que la pastera podía volcar diariamente al Río Uruguay, lo cual trajo aparejado el ascenso inmediato de los volúmenes de efluentes contaminantes volcados a dicho curso de agua.
Aparte de la habitual Parada Anual de Mantenimiento, la planta de Fray Bentos tuvo un aumento de paradas no programadas que en total sumaron 36 días en 2022 y ya lleva otros 19 días de detenciones en lo que va del presente año. Las paradas no programadas se produjeron por inconvenientes técnicos originados, en la mayoría de los casos, en el Área de Recuperación, una especie de “corazón” de toda la planta de celulosa. Esto abona aún más la presunción de que dicha planta podría estar produciendo por encima de las 1.365.000 toneladas de celulosa anuales que tiene permitida.
*El día señalado
Al parecer, los documentos reservados en poder de las autoridades argentinas también revelan que el 28 de marzo último, hubo una inusual y frenética actividad en las dependencias de la Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental del Uruguay (DINACEA). Ese día, todo el personal técnico y administrativo del organismo habría trabajado exclusivamente para acelerar, de manera inusitada, el proceso de aprobaciones de varios dictámenes necesarios para poder allanar la aprobación de la Autorización Ambiental de Operación de la planta de celulosa de Paso de los Toros. Dicho en otras palabras: el permiso por el cual el Estado uruguayo autoriza su funcionamiento.
Durante aquel martes del otoño austral, UPM presentó una importante cantidad de documentación ante la DINACEA. En primer lugar, los resultados del monitoreo de Línea de base del Río Negro, que le fuera exigido por el organismo gubernamental uruguayo en abril de 2021 como condición inexcusable para la tramitación de la Autorización Ambiental de Operación. Dicho trabajo abarca cinco capítulos: Calidad de las aguas, Sedimentos y Biota, Aguas Subterráneas y Suelos, Calidad del Aire y Monitoreo Social. De acuerdo a lo que aparecería relatado en esos estudios realizados por un equipo contratado por los finlandeses, entre octubre de 2020 y marzo de 2023, llevaron a cabo diversos controles de contaminación en el río Negro, en la zona comprendida entre los Embalses de Rincón del Bonete y Baygorria. Los resultados confirmaron lo que ya es sabido: el curso de agua está afectado masivamente por floraciones algales o cianobacterias, producto de que los niveles de fósforo y nitrógeno superan ampliamente lo permitido por la normativa uruguaya vigente.
Además, se detectó la presencia de mercurio en todos los ejemplares de peces y mejillones analizados en la zona de influencia de la planta UPM Paso de los Toros. La concentración de mercurio en el río Negro no solo está por encima de los límites que fijan las regulaciones uruguayas. También supera ampliamente los estándares establecidos por la CARU para el Río Uruguay lo cual, significa lisa y llanamente el impedimento para el consumo humano de acuerdo a los límites establecidos por dicha Comisión Binacional. Estos y otros desastres ambientales, fueron constatados previo a la entrada en funcionamiento de la pastera. Desde el pasado 20 de abril, día en el que la planta realmente comenzó a funcionar, se incorporan 106 millones de litros diarios de efluentes contaminantes, volcados por UPM 2 al río Negro, los cuales viajan –mayormente sin ser diluidos- hasta el río Uruguay, donde desemboca el río Negro.
*Vergüenza ajena
La información reservada indicaría que, aquel 28 de marzo, UPM también aportó a la DINACEA otro importante documento técnico: el denominado “Plan de Gestión Ambiental de Operación” (PGAO) de la pastera de Paso de los Toros. Al parecer, se revela que esa fue la primera vez que presentaba dicho estudio: ya lo había hecho el 22 de mayo de 2022 pero le fue rechazado el 8 de junio siguiente. Los técnicos de la DINACEA encargados de analizarlo fueron lapidarios: la documentación “no contenía la información ni la profundidad suficiente como para ser utilizado como documento de referencia para la futura gestión ambiental del proyecto industrial”. A partir de entonces y hasta enero de 2023, UPM presentaría otras cinco versiones “ajustadas” del PGAO, que también serían puntualmente desestimadas.
Según estaría documentado, entre junio de 2022 y enero de 2023, la División Emprendimientos de Alta Complejidad de la DINACEA uruguaya habría mantenido “reuniones e intercambios informales” con la empresa UPM y la consultora Estudio de Ingeniería Ambiental, encargada de la confección del PGAO de la planta de Paso de los Toros. El 24 de enero de 2023 la firma contratada por los finlandeses, habría presentado la quinta versión del plan de control ambiental y el siguiente 2 de marzo se habría dictaminado que “persistían algunos elementos que no eran de recibo”. Una semana después, la firma Estudio de Ingeniería Ambiental presentó la sexta versión “actualizada” del PGAO junto a 9 Anexos y un Apéndice. Otra de las revelaciones escandalosas que estaría constando la investigación que es analizada por las autoridades argentinas, es lo que habría sucedido entre el 21 y 22 de marzo de este año, durante una inspección a las instalaciones de Paso de los Toros. Allí, se comprobó que la sexta versión del estudio presentado por la consultora contratada por UPM “no se ajustaba a lo apreciado” durante la fiscalización realizada por técnicos de la DINACEA. Constataron que varias obras que se aseguraban como finalizadas en realidad no lo estaban, verificaron que ciertos componentes de la planta tampoco estaban instalados como se mencionaba, entre ellos el mecanismo de control que garantiza el funcionamiento del medidor de la descarga de efluentes, un aspecto crítico de una planta de celulosa. En el Área de Evaporación y en la Línea de Fibra de la planta, el equipamiento también se acreditó como inadecuado. Es decir: los datos consignados en los documentos, no coincidían con la realidad.
Una semana más tarde, según el relevamiento que consta en la investigación argentina, es decir, el 28 de marzo pasadas las 9 de la mañana, se recibió en la DINACEA, la séptima versión del PGAO de la pastera de UPM 2. Sería la definitiva porque a la una y cuarto de la tarde de aquel mismo día, el Director de la División Emprendimientos de Alta Complejidad junto a dos técnicas de la DINACEA, dictaminaron favorablemente sobre las 189 páginas del PGAO, sus 9 Anexos y el Apéndice de UPM 2. Por otra parte, se habría dejado constancia en los documentos que posee la CARU argentina y también analiza nuestra Cancillería, de un detalle no menor: el titular de la División Emprendimientos de Alta Complejidad de la DINACEA que aparece como firmante principal de aquel dictamen favorable a UPM es uno de los miembros uruguayos que integra el Comité Científico de la CARU, encargado de monitorear junto a dos técnicos argentinos, la planta UPM Fray Bentos.
Dos días después, el 30 de marzo último, el Ministro de Ambiente uruguayo Robert Bouvier, firmó la resolución aprobando el PGAO. Estaría comprobado que dicho instrumento no fue publicado en el Diario Oficial uruguayo ni tampoco figura en los registros públicos del Ministerio de Ambiente uruguayo.
Ante una exhibición de impunidad de tanto calibre, no sería descabellado considerar la posibilidad que ciertos responsables ambientales uruguayos, a través de la División Emprendimientos de Alta Complejidad, se habrían encargado de “ajustar y corregir” los errores y las falsedades de la documentación que UPM presentaba a dichas autoridades. Y en el mismo sentido, cabría preguntarse si el dictamen que aconsejó la aprobación del “Plan de Gestión Ambiental de Operación” de la planta de celulosa UPM 2 estaba redactado de antemano, a la espera de la presentación del documento definitivo, cuyo contenido, presumiblemente, ya había sido “acomodado” por los funcionarios de la DINACEA, para favorecer las necesidades de la empresa finlandesa.
De esta forma quedaba expedito el camino para la concesión por parte de las autoridades ambientales uruguayas, la autorización definitiva para que UPM 2 pudiera ponerse en marcha. Un expediente en el que, según se habría comprobado, hubo varias irregularidades, como se detallará mañana en la segunda parte de este reportaje.
