Tal como estaba previsto, este miércoles en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad tuvo lugar la segunda ronda de encuentros en el marco de los dos proyectos de Ordenanza, elevados por el Ejecutivo en torno a la regulación del uso y aplicación de agroquímicos por una parte y la prohibición del glifosato en todo el ejido de Gualeguaychú. La reunión se prolongó por espacio de casi tres horas, finalizando en horas del mediodía.
En esta ocasión, fue el turno de diversas organizaciones ambientales de nuestra ciudad, Pueblo General Belgrano y Paraná. Estuvieron presentes representantes de Salvemos el río, Camoatí, Colectivo Me hago cargo, Foro Ambiental Paraná, Fundavida, Paren de Fumigar y de la Asamblea Ciudadana Ambiental. La reunión estuvo presidida por el Presidente del Concejo Deliberante, Jorge Maradey, con la asistencia perfecta de todos los concejales que integran el cuerpo legislativo municipal.
El primero de los reclamos que efectuaron los ambientalistas estuvo referido a la urgencia para la prohibición del glifosato, con una sólida argumentación a cargo de Victoria Veronesi, en representación de Camoatí de Pueblo Belgrano. Asimismo, con el objeto de que los concejales se nutrieran de información certera, puso a disposición de los ediles varios volúmenes referidos a los perjuicios que causa el glifosato no solo en el ambiente sino fundamentalmente en la salud de la población. Veronesi insistió en una rápida sanción de la norma prohibiendo el glifosato en ejido de Gualeguaychú “antes del comienzo de 2018 y de esa forma dar una clara señal a los municipios colindantes para que también hagan lo propio”.
Por parte de Fundavida, Oscar Bargas y Gustavo Rivollier, destacaron como muy positiva la posibilidad de participar y ser escuchados por los Concejales, a propósito de los aspectos de ambos proyectos de Ordenanza en estudio y se manifestaron a favor de la sanción de los mismos. En el mismo sentido se fueron manifestando el resto de los ambientalistas presentes, quienes plantearon la necesidad de prohibir el uso de agrotóxicos altamente peligrosos como el glifosato en sus más diversos aspectos, tal como su uso, aplicación, almacenamiento y comercialización.
Desde la Asamblea Ciudadana Ambiental, Juan Veronesi y Mario Bermúdez les recordaron a los concejales que “deben legislar en función de los intereses generales de la población a quienes representan y por encima de los intereses particulares de un sector determinado. Esa es la obligación que ustedes tienen”. En tal sentido, expresaron la necesidad de aprobar ambas ordenanzas pero que si no va acompañadas por los instrumentos necesarios para que exista un cumplimiento efectivo, “se corre el riesgo de que tengamos dos Ordenanzas ejemplares desde su redacción, pero que en la práctica se transformen en papel mojado, porque no van acompañadas de una estructura eficiente para los controles que, en este caso son sumamente claves para que lo que se legisle pueda ser implementado concretamente”.
Ambos asambleístas manifestaron que “resulta imprescindible que estas Ordenanzas, y muy en especial la que regula el uso y aplicación de los agrotóxicos, sean dotadas de los recursos presupuestarios necesarios para poder hacer real la aplicación de la normativa que se quiere sancionar”. Y puntualizaron que “si el Ejecutivo no previó la cuestión presupuestaria en sus iniciativas, les pedimos a los concejales que lo incorporen al texto. De lo contrario se corre el riesgo de hacer lo mismo que hace, por ejemplo, el Estado Provincial que para aplicar la ley de agroquímicos, tiene dos inspectores para controlar todo el territorio. Ese error no lo puede cometer Gualeguaychú. Basta de sancionar Ordenanzas que después, en la práctica, son inaplicables por falta de los recursos indispensables”.
Además de abogar para que en la regulación de los agrotóxicos, no sea solamente la Dirección de Ambiente la autoridad de aplicación “ya que los controles también cruzan a otras áreas municipales como Habilitaciones e Inspección General, entre otras”, los representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental precisaron que “los concejales de Gualeguaychú deben tener meridianamente claro que el tratamiento de estas Ordenanzas se van a dar en un contexto claramente desfavorable, tanto en la Provincia como en la Nación, respecto de la cuestión ambiental. Ninguna autoridad provincial, ni el Gobernador ni el Secretario de Ambiente de Entre Ríos han abierto la boca sobre esta cuestión de los agrotóxicos, que constituye una situación de extrema gravedad por las consecuencias que se derivan para la salud de los entrerrianos. Eso sí, cuando han hablado fue por ejemplo, para derogar la ley de la madera, lo cual también es muy grave”.
Por su parte el concejal del Frente para Victoria, Pablo Delmonte, explicó que el Municipio es perfectamente competente para legislar en materia de uso y comercialización de sustancias que perjudican la salud de sus poblaciones y que en tal sentido tanto los antecedentes constitucionales como la normativa legal vigente permiten dichas atribuciones. Desde el Frente Cambiemos, el concejal Daniel Berón manifestó que es “necesario sancionar normas que establezcan una Política de Estado Municipal, que hasta ahora no hemos tenido en materia de control de agrotóxicos en Gualeguaychú” y dijo no sentirse “presionado” a la hora de votar favorablemente las Ordenanzas.
En un momento determinado del encuentro, uno de los representantes de las entidades ambientalistas, solicitó la opinión de la titular de la Comisión de Ambiente del Concejo, Guillermina Guastavino, quien se manifestó a favor de la prohibición del glifosato, aunque precisó que “con esto no alcanza, porque entiendo que se debe hacer ms hincapié en el otro proyecto que es el que regula el uso de los agrotoxicos. Y me parece que habría que poner el acento allí porque seguramente llegará el momento en el que aparecerá otra sustancia diferente al glifosato, con efectos similares o más prejudiciales y por eso no nos podemos enfocar solo en dicho agrotóxico”.
Desde el bloque UNA, el concejal Andrés Sobredo, expresó su acuerdo a que la sanción de ambas Ordenanzas “estén acompañadas de un presupuesto con el fin de poder ser efectivamente implementadas, no solamente con recursos humanos sino también con la infraestructura y logística necesarias para que los controles que se van a requerir se cumplan a rajatabla”.
En este sentido, Sobredo se mostró proclive a que se introduzca en el texto de la normativa que se debata en el recinto la cuestión de los recursos y no dejarla meramente librada a la reglamentación por parte del Ejecutivo. “En primer lugar –agregó Sobredo- porque el plazo para reglamentar se extiende a 60 días desde la sanción y, además porque se evitaría que en el futuro, otro Intendente con un simple Decreto pueda derogar o modificar la reglamentación a su antojo y así provocar que estas Ordenanzas que hoy estamos analizando, después carezcan de aplicación concreta".
Sobredo finalizó sosteniendo que "esto debe trascender por encima de las autoridades municipales que están actualmente o las que se sucedan en el futuro, porque la cuestión de la protección de la salud de los vecinos de Gualeguaychú no puede quedar librada al humor político del gobernante de turno”.
