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Denuncian a un dirigente agropecuario que amenazó de muerte a un miembro de la organización ambiental Basta es Basta

La Coordinadora también denunció penalmente al Fiscal de Estado Rodrí­guez Signes por incitación al incumplimiento de la Ley, poner en peligro la salud pública y abuso de sus funciones"

7 Oct, 2019, 10:47 AM

La Coordinadora Por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos Basta es Basta, organización socio ambiental que ha puesto en funcionamiento instrumentos legales para frenar el uso indiscriminado de venenos en las inmediaciones de escuelas rurales de la provincia, realizó una grave denuncia. Afirmaron que “la escalada de violencia, las amenazas y el peligro que corremos quienes integramos la Coordinadora y toda persona que denuncia las pulverizaciones con venenos debido al accionar irresponsable y las mentiras del Fiscal de Estado".

 

Según refiere un comunicado hecho público por parte de la organización, "días pasados, un importante dirigente gremial agropecuario, amenazó a un integrante de nuestra Coordinadora, en un lugar público, a los gritos y frente a testigos, que van a atentar con armas de fuego contra nuestras vidas, lo que demuestra la total impunidad de la que goza. Decidimos no hacer la denuncia penal en pos de no escalar la violencia pero hemos informado de lo sucedido a la Ministra de Justicia de la Provincia", agregó el documento.

 

En esa línea, desde la Coordinadora Basta es Basta, responsabilizaron al Fiscal de Estado de la provincia y su negativa respecto a la vigencia del fallo que impide las fumigaciones a menos de 3000 y 1000 metros de distancia según el método de aplicación. "Estas amenazas se deben a las mentiras del Fiscal de Estado de nuestra provincia, Julio Rodríguez Signes que, en declaraciones periodísticas, negó la vigencia del fallo que prohíbe fumigar con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales, confundiendo a los productores entrerrianos, dando lugar a que sucedan los hechos arriba descriptos".

 

Asimismo puntualizaron que "ya hemos radicado denuncias penales contra el funcionario por incitación al incumplimiento de la Ley, poner en peligro la salud pública y por el abuso escandaloso en el ejercicio de sus funciones públicas. Las acciones violentas no son parte de nuestras prácticas. No responderemos a ellas con más violencia", finaliza el documento.

 

FUENTES: APF / ANALISIS DIGITAL

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