Según los informes presentados, la planta utilizaría 8 millones de litros de agua por día del río para producir e-combustibles, lo que genera alerta por su posible impacto ambiental y por tratarse de un curso de agua compartido entre Argentina y Uruguay.
También se reveló la verdadera composición societaria de HIF Global, integrada mayoritariamente por capitales franceses, estadounidenses, alemanes y japoneses, desmintiendo que se trate de una empresa chilena.
Además, se denunció un emprendimiento paralelo —el Proyecto Tambores— que extraería agua directamente del Acuífero Guaraní, sin haber completado la documentación exigida por las autoridades ambientales uruguayas.
La fiscal Josefina Minatta evalúa nuevas medidas judiciales ante el volumen y la gravedad de la información recibida. El caso abre un debate profundo sobre soberanía hídrica, acuerdos binacionales y el uso de recursos naturales en zonas compartidas.
Fuente: Diario Junio.
