Eduardo García Jurado, exjuez penal, camarista y docente universitario, manifestó que para la disminución del delito “se necesita toda una armonía de políticas públicas, pero hoy para el sector más importante, que nos gobierna, eso es hasta mala palabra”.
“Cuando existen políticas públicas de inclusión, de prevención, y de inserción social en países capitalistas avanzados como Noruega, Suecia, Holanda, Dinamarca, la misma Francia, se pueden lograr mejores objetivos y poner un límite al desorden que provoca la actividad delictiva”, subayó..
En declaraciones al programa “Agenda Crítica”, que conduce el periodista Fabián Magnotta por Radio Máxima de Gualeguaychú, García Jurado remarcó que “primero está la prevención primaria, una buena educación, una buena economía, una buena salud, los derechos sociales que hacen que los que nacen sin las oportunidades que tenemos algunos y por alguna circunstancia se desvían, sean ayudados para encauzarlos”, y señaló que “la última instancia de intervención del Estado es la Justicia Penal”.
En la misma línea, añadió que “una sana política criminal, tiene como finalidad la prevención del delito, que es la herramienta más importante, ahí debe ir el 90 por ciento del presupuesto, y en la prevención es importante la Policía y la comunidad”.
“Es una estupidez elevar las penas”
Sobre el incremento de las penas, García Jurado analizó que “yo veo con mucho prejuicio y con tristeza que muchos políticos de cualquier partido, aquí y en el mundo, que lo primero que se les ocurre cuando ocurre un hecho, es elevar las penas. Es una estupidez, porque yo como profesor de Criminología por 25 años, sé que la historia demuestra que la sanción penal no resuelve el problema de la violencia”.
Agregó que “la sanción penal y la prisión puede llevarnos a que las personas, que la mayoría son jóvenes, salgan peor de lo que entraron. La cárcel, así como la conocemos, nació hace más de 180 años y se decía que resocializar a una persona dentro de la prisión, es una contradicción enorme. Para resocializar, hay que abrirlo a la sociedad. Hay personas imposibles de resocializar, pero esos son los mínimos”.
Recordó además que “cuando yo asumí como juez de Instrucción de Gualeguaychú en 1991, que venía de trabajar con Devoto y Caseros, la Unidad Penal 2 tenía capacidad para 200 personas, y tenía 35 presos…Y había una conformación de diferentes edades, hoy la juventud es lo que reina”.
“Es muy difícil ser juez”
Por otra parte, reflexionó que “es muy difícil ser juez. El Consejo de la Magistratura a nivel nacional, incluso a nivel provincial, se ha trastocado. Hay un gran profesor, que es Alberto Binder, dice que el sistema de nombramientos del Consejo de la Magistratura es una carnicería. Quien tiene que rendir examen, ir a una audiencia, movilizarse, cuando llega a juez llega en un estado no de dependencia, pero de fragilidad. A lo mejor habría que volver a la designación política: ningún político va a designar a un juez que no sirve. Es difícil cuando uno se mete con los poderosos o uno marca su independencia. Yo lo tuve en casos concretos en Gualeguaychú. Tuve una sanción mal impuesta por la Cámara de Concepción del Uruguay, yo me indigné, apelé y el Superior Tribunal en pleno me levantaron la sanción, y luego tuve que convivir con un superior mío inmediato que había perdido la sanción que me había impuesto…”.