7 Nov, 2026, 20:11 PM
Por MáximaOnline.
El agente que en agosto de 2025 protagonizó un episodio con una escopeta calibre 12/70, en el que otro penitenciario resultó herido en el pecho y el abdomen, habría quedado nuevamente involucrado en un hecho de violencia, esta vez contra su pareja. La intervención policial derivó en su internación en observación y se le atribuiría, en principio, el delito de lesiones en un contexto de violencia de pareja. Los acontecimientos plantean interrogantes sobre sus antecedentes y las medidas administrativas que podrían adoptar las autoridades de la Unidad Penal N.º 9.
Un nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa la conducta de un funcionario del Servicio Penitenciario de Entre Ríos que presta servicios en la Unidad Penal N.º 9, Colonia Penal El Potrero, de Gualeguaychú.
El antecedente se remonta al 18 de agosto de 2025, cuando un funcionario penitenciario resultó herido por un disparo efectuado con el arma de otro agente dentro del establecimiento carcelario. En aquel momento, el hecho fue presentado como un episodio que se presumía accidental.
El disparo salió de una escopeta Pietro Beretta calibre 12/70, utilizada en los puestos de vigilancia de las unidades penales de la provincia. El arma estaba cargada con munición antitumulto (AT), conocida comúnmente como posta de goma, y el impacto alcanzó la zona del pecho y el abdomen del trabajador.
El funcionario lesionado fue trasladado al Centro Médico San Lucas de Gualeguaychú, donde recibió asistencia médica. Según la información que trascendió entonces, no presentaba fracturas óseas, aunque sufrió un importante hematoma como consecuencia del impacto.
A raíz de aquel episodio, las autoridades penitenciarias iniciaron actuaciones administrativas para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo y establecer las eventuales responsabilidades por el manejo del armamento reglamentario.
Una nueva situación de violencia
Sin embargo, la preocupación no se limita a aquel episodio ocurrido dentro de la unidad penal.
Durante esta semana, el mismo funcionario habría protagonizado un nuevo hecho de violencia, esta vez contra su pareja, situación que requirió la intervención de la fuerza policial.
De acuerdo con la información disponible, el agente quedó internado en observación y, hasta el momento, se le atribuiría una presunta conducta encuadrada como lesiones en un contexto de violencia de pareja. La investigación deberá determinar las circunstancias concretas del episodio y las responsabilidades correspondientes.
También trascendió que no sería el primer episodio de violencia que se le atribuye al funcionario. De confirmarse la existencia de otros antecedentes, corresponderá establecer si fueron denunciados, si hubo intervención de las autoridades y qué medidas se adoptaron oportunamente.
¿Qué medidas adoptará el Servicio Penitenciario?
Frente a estos acontecimientos, surgen interrogantes que requieren respuestas institucionales.
¿Las autoridades de la Unidad Penal N.º 9 tienen conocimiento de esta nueva intervención policial? ¿Se comunicó formalmente la situación a la Dirección General del Servicio Penitenciario? ¿Se evaluará la apertura de actuaciones administrativas para determinar si corresponde adoptar medidas preventivas o disciplinarias?
También resulta necesario conocer si existen antecedentes documentados sobre otros episodios de violencia atribuidos al agente y si fueron oportunamente informados y tramitados.
El manejo de armas reglamentarias, la seguridad de los trabajadores penitenciarios y la conducta de quienes integran una institución encargada de garantizar el cumplimiento de la ley no son cuestiones menores.
Un disparo que lesionó a un compañero de trabajo y una nueva intervención policial por un presunto episodio de violencia en el ámbito de pareja conforman una situación que merece ser examinada con seriedad.
La responsabilidad institucional no consiste en anticipar culpabilidades ni en reemplazar el trabajo de la Justicia, sino en investigar, documentar y actuar cuando existen hechos que podrían comprometer la seguridad y el correcto desempeño de la función pública.
El interrogante alcanza directamente a la conducción de la Unidad Penal N.º 9 y a la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos: ¿qué conocimiento tienen de estos acontecimientos?, ¿qué medidas adoptaron o piensan adoptar?, ¿se inició una investigación administrativa para establecer eventuales responsabilidades?
El Servicio Penitenciario tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad, de sus trabajadores y de la sociedad. Quienes portan armas reglamentarias y cumplen funciones de custodia deben actuar bajo estrictos criterios de responsabilidad, profesionalismo y respeto por la ley.
La cuestión ya no puede quedar reducida a dos episodios separados. Es necesario saber si hubo controles, si se evaluaron los antecedentes del funcionario y si las autoridades actuaron frente a cada situación. Porque cuando se trata de una institución encargada de hacer cumplir la ley, sus propios integrantes también deben estar sujetos a controles y responsabilidades.
La ciudadanía merece respuestas. Y las autoridades de la UP9 y de la Dirección General del Servicio Penitenciario tienen la obligación institucional de darlas.
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