“La gente debe saber discernir quién es quién en esta historia”, dijo Weimberg, y agregó que la actual conducción de la empresa a cargo de Pino “no es precisamente óptima”.
La implementación de la sentencia de octubre pasado del Superior Tribunal de Justicia, depende del juez Civil y Comercial Javier Mudrovici, y eventualmente la Cámara Civil y el Superior Tribunal de Justicia.
"Es un litigio que lleva 15 años de duración. Rufino Pablo Baggio y María Agueda Munilla, decidieron donar y repartir todas sus acciones entre sus cuatro hijos: Alejandro, Anibal, Rufino (Pino) y Celia. El único que tenía una acción más era Pino, por cuestiones técnicas. Pero además hacen constar que mientras los padres vivan, sus decisiones deberán ser respetadas. Los padres dejaron sus decisiones en las escrituras de la donación", dijo Weimberg.
En 2016, cuando fallece Don Rufino, María Agueda define que la presidencia de la empresa quede a cargo de Aníbal Baggio. Ahí empieza toda una guerra donde Pino se opone tenazmente a la voluntad de la mamá. Rufino Pablo Baggio hijo le compra la parte a su hermana Celia, por lo que pasa a tener el 50 más uno.
"El último fallo del Superior Tribunal dice que debe respetarse la voluntad de la madre, y dispone que Pino devuelva las acciones que le dejaron sus padres, y las que le compró a su hermana Celia. En la escritura y la donación quedó claramente expresado cuál era la voluntad de la madre, que debía respetarse hasta su fallecimiento", agregó el abogado de los hermanos Anibal y Alejandro.
"Ahora, hay empleados que relataron que se mueven cosas desde RPB a una empresa afín a Pino Baggio, denunciado por empleados de la empresa en Mendoza. Pedimos los testimonios frente a un escribano y lo presentamos en diciembre a la Justicia. Los tres empleados denunciantes fueron inmediatamente despedidos, a uno de ellos le faltaban 6 meses para jubilarse.
"Pino Baggio debe apartarse de la conducción. El juez Javier Mudrovici suspendió una asamblea que había convocado Pino para el 12 de enero. Hoy Rufino Pablo Baggio es ilegítimo, y tiene la obligación de restituir las acciones. Hay cerca de 200 personas despedidas. Según los estados contables, la facturación de RPB ha disminuido y la actual gestión no es precisamente óptima. Que la gente sepa discernir quién es quién en esta historia", concluyó el abogado.
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