Revés judicial para la planta de hidrógeno frente a Colón

El revés judicial para la planta de hidrógeno verde en Uruguay marcó un nuevo capítulo en el conflicto por la instalación de un complejo industrial frente a las costas entrerrianas, luego de que la justicia federal hiciera lugar a un pedido de medidas de prueba por una posible violación de tratados internacionales. La resolución impactó directamente en los planes de avanzar con la construcción de la planta para producir metanol en Paysandú, frente a la ciudad de Colón.

 

La presentación fue impulsada por los diputados Guillermo Michel y Laura Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, quienes promovieron una demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay. El planteo buscó frenar el proyecto ante el riesgo de daño ambiental sobre el río Uruguay.

 

Los legisladores argumentaron que la iniciativa podría generar consecuencias graves e irreversibles en el ecosistema y que no se habrían cumplido normas internacionales, especialmente el Estatuto del Río Uruguay, administrado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

 

 

Un conflicto con antecedentes históricos

 

 

El caso reavivó el recuerdo del conflicto bilateral por la instalación de la pastera Botnia —actual UPM— en territorio uruguayo, que derivó en protestas masivas y cortes de puentes internacionales durante varios años.

 

Aquel episodio escaló a nivel diplomático entre los entonces presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, y culminó en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con altos costos políticos y económicos para ambos países.

 

En ese contexto, los impulsores de la demanda remarcaron la necesidad de actuar de manera preventiva para evitar una escalada similar. “La resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay”, sostuvo Michel.

 

La resolución judicial y sus alcances

 

El juez federal de Entre Ríos, Hernán S. Viri, resolvió aceptar parcialmente el pedido de los demandantes y ordenó la producción de “prueba anticipada”, una herramienta que permite reunir evidencias antes del inicio formal del proceso judicial.

 

Entre las medidas dispuestas, se incluyeron pedidos de información a organismos uruguayos, tanto ambientales como regulatorios y bancarios, además de requerimientos a la CARU para evaluar el cumplimiento de los acuerdos binacionales.

 

Asimismo, el magistrado ordenó la realización de un peritaje ambiental a cargo de un especialista en biología y una inspección judicial en la zona donde se proyecta la planta. Sin embargo, rechazó por el momento la incorporación de testimonios al considerar que no existía urgencia suficiente.

 

Negociaciones y tensiones políticas

 

En paralelo al avance judicial, el conflicto también se trasladó al plano político. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, inició gestiones con autoridades uruguayas para intentar una relocalización del proyecto.

 

La iniciativa, que contempla una inversión de aproximadamente 5.300 millones de dólares, es considerada estratégica por Uruguay, aunque genera preocupación en sectores turísticos de Colón por su impacto visual y ambiental.

 

El proyecto prevé la instalación de la planta a unos 3 o 4 kilómetros de la costa, mientras que desde el gobierno entrerriano plantearon que debería ubicarse a una distancia mínima de 30 kilómetros para reducir riesgos.

 

Posible relocalización y continuidad del proyecto

 

Durante 2025 y en lo que va de este año, Frigerio mantuvo conversaciones con el presidente uruguayo Yamandú Orsi y con el canciller Mario Lubetkin para intentar descomprimir el conflicto.

 

En ese marco, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, no descartó la posibilidad de trasladar la planta. “La relocalización responde a encontrar un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones que las propuestas por el proyecto”, afirmó.

 

Por su parte, tanto el gobierno uruguayo como la empresa HIF Global acordaron recientemente prorrogar hasta fines de junio el cronograma de acuerdos necesarios para concretar la inversión, lo que otorgó un margen adicional para las negociaciones.

 

Un proceso que podría extenderse

 

El avance judicial abrió una etapa clave en la disputa, ya que la recolección de pruebas permitirá determinar si existieron irregularidades en la planificación del proyecto y si se vulneraron tratados internacionales.

 

 

 

Debido a que los demandados se encuentran en Uruguay, el juez dispuso la intervención de la Defensoría Pública para garantizar el derecho de defensa, lo que podría implicar demoras en el desarrollo del proceso.

 

 

En este escenario, el revés judicial para la planta de hidrógeno verde en Uruguay no sólo condicionó el futuro inmediato del proyecto, sino que también volvió a poner en agenda el delicado equilibrio entre desarrollo industrial, protección ambiental y relaciones bilaterales en la región.

 

Fuente: elonce.com