El proyecto, que ingresó a la Cámara Alta el viernes pasado, eleva la edad jubilatoria, modifica el cálculo inicial, altera regímenes especiales y establece un aporte solidario para los haberes más altos. Los gremios rechazan la reforma y despliegan movilizaciones y protestas para resistir el avance de la iniciativa oficialista.
El texto ingresó al Senado a las 13:10 del viernes y tomaría parlamentario este miércoles, en la segunda jornada de sesiones convocadas. Allí se abrirá el primer pulso político entre oficialismo y oposición: el bloque que responde al gobernador Rogelio Frigerio pretende que el proyecto sea girado únicamente a la comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras que los legisladores opositores impulsarán que la iniciativa sea derivada también a las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales. La disputa por el recorrido legislativo anticipa el clima que rodeará el debate de fondo.
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Según el articulado, el proyecto "prevé para los actuales empleados estatales una adecuación progresiva de la edad de retiro, elevándola a 65 años, en línea con el aumento de la expectativa de vida y con criterios de sostenibilidad del sistema previsional".
Desde el poder Ejecutivo justificaron la reforma con datos comparados. Señalaron que "la edad jubilatoria vigente en Entre Ríos no registra modificaciones desde 1993 y según relevamientos comparados sobre más de 110 sistemas previsionales del mundo, la edad jubilatoria masculina vigente en la provincia se encuentra en el puesto 94, entre las 16 más bajas, mientras que en el caso de las mujeres queda incluso por fuera de los rangos predominantes a nivel internacional".
Para quienes ya revistan en la administración pública, la transición será gradual. El proyecto "prevé plazos de entre cinco y veinte años, para que ninguna persona próxima a jubilarse vea alteradas sus condiciones de manera inmediata". Sin embargo, para los trabajadores que ingresen al Estado a partir de la sanción de la ley, la edad de retiro trepará a los 68 años.
Otro de los puntos incluidos en el texto —incorporado a instancias de los propios sindicatos— refiere a la movilidad jubilatoria. Tanto los jubilados actuales como los futuros mantendrán una actualización vinculada a los acuerdos paritarios de los trabajadores de la administración pública provincial.
No obstante, la concesión en materia de movilidad no alcanzó para desactivar la oposición del movimiento obrero organizado. Los gremios rechazan el conjunto de la reforma y sostienen una agenda de movilizaciones, protestas y acciones de resistencia contra el proyecto que el oficialismo busca convertir en ley.
Fuente: AIM
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