“El derecho de acceso a la información pública es un derecho colectivo que tienen todas las personas, que posibilita que un ciudadano de Entre Ríos -donde desde el año pasado tenemos la Ley 11191-, pueda pedir todo aquel dato que se encuentre en alguna repartición estatal, como Ejecutivo, Legislativo, Judicial, entes autárquicos, los ministerios, todo lo que represente el Estado. Todo lo que el Estado tenga documentado: eso es información pública”, explicó el abogado Nelson Schlotthauer.
El profesional, residente en Diamante, Entre Ríos, habló en el programa Agenda Crítica que conduce el periodista Fabián Magnotta por Radio Máxima, sobre información relacionada con estadísticas de salud pública y la instalación de una antena en Gualeguaychú, entre otros puntos.
Acerca de la falta de difusión de estadísticas anuales sobre enfermedades y causas de muerte en la provincia y en Gualeguaychú, Schlotthauer manifestó que “en materia de salud pública quizás no hay información sistematizada, pero sí existe información. Las instituciones de salud tienen un área de estadísticas que es clave, porque es la manera de modificar, corregir o mejorar. Siempre hay registros. Un camino bastante simple y elemental es dirigirse al ministerio de Salud de la provincia o al hospital cabecera para que suministre información sobre las causas de muerte. La información completa, con todos los efectores públicos y privados, la debería tener el ministerio”.
En cuanto a la instalación de una antena de Telecom y otros temas que pueden inquietar a los vecinos, el abogado señaló que “en la parte ambiental, temas de posible contaminación, es fundamental la información pública. Si la ciudadanía no sabe cuáles son las consecuencias de la instalación de un basurero, de una planta de reciclado, de una antena, puede pedir información no solamente a través de los medios de comunicación. La información pública es una herramienta para controlar al Estado”.
“Es un derecho constitucional, clave en un sistema democrático. En los países que tomamos como espejo o como modelo, como Estados Unidos, todo lo que es información pública está disponible para el acceso de la población”, remarcó.
Derecho clave del ciudadano en una República
En cuanto al pedido a una Municipalidad, explicó que “los municipios tienen autonomía y muchas veces tienen normas locales y piden algunos requisitos. En esos casos hay que agotar la vía administrativa o recurrir a la Justicia. “.
Señaló asimismo que “el Estado puede tener limitaciones, como por ejemplo si hay una causa judicial y los datos forman parte de una estrategia, o datos personales como la religión, la orientación sexual, la salud personal…pero en lo demás, usted puede acceder al sueldo de un juez, o la cantidad de empleados de una administración, se los puede pedir. Esa información debería ser pública y de fácil acceso, pero eso no existe y hay que solicitar la información”.
Subrayó que “el derecho está consagrado en los tratados internacionales, bajo la idea de que la República se sostiene en la división de poderes, y permite conocer la publicidad de los actos de gobierno. En Entre Ríos se incluyó en la Constitución de 2008. En la provincia trabajamos en el tema del derecho a la información con el periodista Oscar Londero hace algunos años”.
“Cualquier ciudadano la puede pedir. No hace falta estar al día con los impuestos o vivir en la ciudad de donde se requiere información. El acceso es irrestricto y es gratuito, y a quien solicita, no se le puede pedir que pague un sellado, ni que lo patrocine un abogado. Se puede pedir en forma individual y hasta hacerlo por mail. Por ejemplo, pedir datos de salud en el ministerio de Salud, donde responderán si tienen o no esa información. Si el pedido es rechazado, hay un mecanismo administrativo o también se puede ir a la Justicia, pero no te pueden responder “no te la puede dar”, y si dicen que no, deben decir por qué. Por ejemplo, si la difusión pone en peligro una política pública o hay un secreto profesional. Pero la información es pública y todos podemos acceder”, indicó.
Finalmente, ejemplificó que “Clarín pidió informes sobre las reuniones del presidente Javier Milei, porque su agenda es pública. En otros países se puede acceder cada día a la agenda del funcionario. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de algunas reuniones, uno sabe los intereses. Por ejemplo, si se discuten retenciones al agro y el funcionario ha mantenido una reunión con gente de Cargill, puede haber sido una reunión donde se expresa un interés”.