10 Ago, 2026, 10:44 AM
Un relevamiento de veinte diputados peronistas cuantificó el desvío en 1.165.491 millones de pesos que el ministro Luis "Toto" Caputo retuvo del Sistema Vial Integrado (Sisvial), pese a que la Ley 23.966 obliga a girar el 28,58% de lo recaudado por el impuesto al mantenimiento de la traza vial nacional.
“El estado de las rutas entrerrianas ya no es una cuestión de infraestructura, sino una decisión política: Economía se quedó con $45.000 millones que debieron transferirse a las rutas de nuestra provincia”, señaló Michel. Además, agregó: "Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave", quien remarcó que la crisis vial en Entre Ríos, una de las provincias más castigadas, ya no se sostiene. Si bien las rutas son nacionales, están empezada en territorio de nuestra provincia ynlanusannlla entrerrianos fundamentalmente aclaró el diputado.
En una entrevista televisiva, el diputado fue más allá y explicó el mecanismo con crudeza: “el fondo de mantenimiento vial se sigue recaudando todos los meses, pero el Gobierno decidió licuarlo como parte de una misma lógica de ajuste que también licuó jubilaciones y pisó pagos de energía, todo para sostener el maquillaje del superávit fiscal”. Para Michel, el superávit de Caputo no es ahorro genuino, sino que se financia con el no pago de obligaciones legales, entre ellas el fondo vial, la deuda con proveedores del PAMI y el atraso en pagos energéticos.
La recaudación del Impuesto a los Combustibles creció de manera exponencial desde 2023, un 378% en 2024 y un 92% en 2025, pero el giro efectivo a las rutas nunca acompañó ese crecimiento. En este sentido, el entrerriano añadió: “El costo de esta decisión es directo y se mide en vidas: rutas nacionales detonadas, señalización inexistente, banquinas convertidas en pastizales y un número creciente de víctimas fatales”.
El reclamo territorial ya escala: intendentes de distintas provincias coordinan una estrategia conjunta frente a Nación, y no se descarta una cumbre de gobernadores, mientras la responsabilidad del malestar vecinal recae sobre los municipios pese a que el incumplimiento es de un fondo nacional, específico y ya financiado. "El Gobierno decidió licuar las obras viales, entre otras cosas, para mostrar superávit. Esa plata se la está quedando el Tesoro y no la aplica", sintetizó Michel, quien adelantó que el reclamo continuará en el Congreso y que la Justicia deberá, tarde o temprano, expedirse sobre un incumplimiento legal que ya lleva tres años.
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