La Justicia Federal remitió el caso al fuero provincial y ordenó extremar las medidas para garantizar la seguridad y la integridad de los detenidos.

Una grave denuncia por malos tratos, arbitrariedades y falta de asistencia médica quedó planteada en la Unidad Penal N° 9 “El Potrero” de Gualeguaychú, donde se encuentran alojados internos a disposición de la Justicia Federal.

Según la presentación realizada por defensores públicos, un grupo de seis internos del denominado Módulo E manifestó haber sufrido malos tratos por parte de agentes penitenciarios y cuestionó, además, la forma en que se realizan las requisas ordinarias dentro de las celdas.

Los hechos denunciados comenzaron el 10 de agosto, cuando los internos comunicaron al personal penitenciario la situación que estaban atravesando. Sin embargo, la gravedad de los planteos llevó a las defensoras públicas oficiales María José Bonifacino y Paulina Di Pretoro a solicitar una audiencia urgente con las autoridades de la unidad.

Falta de atención en salud

Uno de los aspectos más preocupantes de la denuncia está relacionado con la falta de atención psicológica y psiquiátrica.

De acuerdo con lo expuesto por las defensoras, varios detenidos presentarían ataques de ansiedad, episodios de pánico y alteraciones severas de conducta, sin contar con una respuesta adecuada por parte del sistema penitenciario.

A esto se suman denuncias sobre una presunta falta de respuesta del área de sanidad frente a emergencias médicas, además de restricciones que, según la presentación, afectarían las condiciones de vida y el ejercicio de derechos básicos de las personas privadas de su libertad.

La situación generó la intervención de la Justicia Federal, que inicialmente encuadró el planteo como un hábeas corpus, al considerar que los hechos denunciados podían configurar una agravación ilegítima de las condiciones de detención.

Una disputa de competencia que terminó en la Justicia provincial

La jueza federal subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, Analía Graciela Ramponi, se declaró inicialmente incompetente por razones territoriales y ordenó remitir las actuaciones al juzgado federal de Gualeguaychú.

Sin embargo, el caso llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que revisó la cuestión y tomó una decisión diferente.

Los camaristas entendieron que, aunque los detenidos se encuentran a disposición de la Justicia Federal, los hechos denunciados involucran presuntamente a personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, es decir, agentes pertenecientes a una fuerza provincial.

Por ese motivo, la Cámara resolvió que la investigación de las presuntas irregularidades debe quedar en manos de la Justicia Provincial de Gualeguaychú.

La Justicia puso la lupa sobre la cárcel

La resolución no implicó desentenderse de la situación de los internos.

Por el contrario, la Cámara Federal ordenó al director de la Unidad Penal N° 9, Lucas Ariel Dufour, que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los detenidos y que informe al juzgado federal sobre los resguardos implementados.

El caso vuelve a poner bajo la lupa las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad y, particularmente, la responsabilidad que tiene el Estado sobre quienes permanecen bajo custodia penitenciaria.

Cuando una persona está detenida, el Estado asume un deber especial de cuidado y protección. Las denuncias de violencia, falta de atención sanitaria o ausencia de asistencia en salud mental no pueden quedar reducidas a una discusión burocrática sobre competencias judiciales.

Ahora será la Justicia provincial la que deberá determinar qué ocurrió dentro de la Unidad Penal N° 9 y establecer, si corresponde, las responsabilidades por los hechos denunciados.

Mientras tanto, la orden de la Cámara Federal es clara: la salud y la integridad de los internos deben ser garantizadas de manera inmediata.