Régimen carcelario de Entre Ríos: superpoblación, déficit en el personal y deuda

La provincia aloja en sus ocho U P a 2700 internos y utiliza para brindar seguridad a apenas 800 agentes. Con sueldos bajos y deudas con viáticos (comisiones de traslados) El colapso de la UP9 Granja el Potrero con aproximadamente unas 560 personas alojadas, entre ellas 23 mujeres, la colonia condensa todas las paradojas del sistema. Inaugurada en el año 2014 la mostraron como cárcel modelo mixta a la mentada Granja Penal, un modelo de "estándares actuales en materia de Derechos Humanos", con régimen semiabierto, talleres productivos y educación formal. Que traería alivio a la vieja y deteriorada UP2 hace once años llegaron los primeros internos al Potrero considerada como un sistema único y modelo para Entre Ríos, pero lejos estamos de eso, expone la crisis de un sistema con graves irregularidades que quedó chico antes de estrenarse. Mientras la provincia de Buenos Aires acapara los titulares en los medios por sus cárceles desbordadas, Entre Ríos transita su propia emergencia penitenciaria en silencio. Con una población carcelaria que se triplicó en menos de dos décadas —de 705 presos en 2000 a 2.700 en 2024— y apenas 800 agentes de seguridad para custodiarlos, el sistema penitenciario entrerriano exhibe todas las señales en rojo de un colapso anunciado: infraestructura antigua, déficit presupuestario crónico, hacinamiento selectivo y condiciones que rozan la inconstitucionalidad.

 

Personal estresado y sin contención psicológica:

 

Personal agotado, con deudas en viáticos y bajos sueldos y con el agravante de no poder realizar adicionales como en la Policía, malas condiciones en los regímenes de descanso y condiciones dignas de trabajo, aseo, un buen almuerzo y cena en las guardias de doce (12) y veinticuatro (24) horas corridas, estar al día con las licencias anuales ordinarias (LAO), forman parte del cúmulo de reclamos que jamás son bien escuchados por parte de las autoridades. Es más, el que reclama corre la suerte de ser trasladado.

 

Decía el gobernador:

"Hemos encontrado una provincia sin recursos", admitió el gobernador Rogelio Frigerio al asumir en diciembre de 2023, cuando reconoció el "déficit enorme" en infraestructura de la mayoría de las cárceles. La frase resume el punto de partida de una gestión que heredó un sistema tensionado hasta el límite y con proyectos de ampliación que quedaron inconclusos la Dirección General del Servicio Penitenciario tuvo que emitir una orden insólita: ningún juzgado puede enviar más detenidos a El Potrero porque está al máximo de su capacidad. Al inaugurar, el Potrero tenía capacidad para 260 internos. Actualmente, tras obras de ampliación, alcanzó las 400 plazas. El proyecto original contempla llegar a 920 plazas con cinco pabellones adicionales, pero las obras avanzan lentamente y la demanda de cupos no cesa.

 

Cárceles colapsadas

 

La Unidad Penal N°1 de Paraná es el emblema del crecimiento descontrolado. En 2012 alojaba a apenas 120 internos y hoy alberga alrededor de 1.000 Con capacidad oficial para 925 plazas, la UP1 no presenta sobrepoblación en los números, pero las condiciones internas cuentan otra historia. En agosto de 2020, se relevaron una serie de deficiencias alarmantes durante una inspección, entre ellas la calidad deficiente de los alimentos, la falta de elementos de higiene personal, incumplimientos de traslados por acercamiento familiar de detenidos federales y demoras en el otorgamiento de beneficios del período de prueba. La UP1 cuenta con 322 agentes penitenciarios, pero la infraestructura es antigua y tuvo que ser adaptada con obras de emergencia. Desde 2015 se sumaron 250 plazas mediante ampliaciones que, según las fuentes consultadas, incluyeron la reconversión de espacios antes destinados a oficinas, talleres, depósitos e incluso capillas. “Queremos que los presos tengan una vida productiva durante su permanencia en prisión y esperamos que tengan un pasar digno también, respetando sus derechos", expresó Frigerio al asumir, aunque aclaró: "Nos gustaría avanzar rápidamente con la puesta en valor de nuestra infraestructura, pero hemos encontrado una provincia sin recursos".

 

La UP2 de Gualeguaychú dejo de estar operativa en diciembre de 2022.

 

La Unidad Penal N°3 de Concordia reconoce oficialmente su sobrepoblación. Ya en 2019, con capacidad para 300, alojaba 341. Desde 2015 se habilitaron 150 nuevas plazas, incluyendo un pabellón independiente de 470 metros. Con 133 agentes penitenciarios, la UP3 mantiene una dotación ajustada para una población que supera el cupo original.

 

La Unidad Penal N°4 de Concepción del Uruguay presenta números más equilibrados: capacidad para 350 internos, población de 345 según el último censo, y 103 agentes penitenciarios. Desde 2015 se agregaron 138 plazas mediante obras de ampliación.

 

La UP5 de Victoria (para jóvenes de 18 a 21 años): tiene 160 plazas de capacidad, 149 internos y 99 agentes. Se sumaron 40 plazas desde 2015.

 

La UP6 de Paraná (mujeres): 100 plazas, 90 internas, 121 agentes. Se construyó una nueva cocina comunitaria y se agregaron 13 plazas desde 2015.

 

La UP7 de Gualeguay: 180 plazas, 186 internos, 96 agentes. Sumó 50 plazas desde 2015.

 

La UP8 de Federal: 100 plazas, 98 internos y 93 agentes. En construcción dos nuevos pabellones para 120 plazas. Se agregaron 67 plazas desde 2015.

 

La deuda histórica de la Nación

 

Una de las claves para entender el déficit de inversión en infraestructura carcelaria entrerriana está en los números que el ex ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, reveló en 2022: "Increíblemente la gestión anterior decidió no pagarle al gobierno de Entre Ríos los más de 200 millones que el Ministerio de Justicia de la Nación debía abonar a la provincia por el uso de cárceles entrerrianas para alojar presos federales entre 2016 y 2019".Como Entre Ríos no cuenta con unidades penitenciarias federales propias, todos los presos federales se alojan en cárceles provinciales. La Nación debe pagar una contraprestación que entre 2016 y 2019 nunca se efectivizó. Esos fondos adeudados —regularizados recién entre 2020 y 2022— fueron los que permitieron financiar la construcción de los cinco pabellones de El Potrero.

 

800 agentes para 2.700 presos

 

En octubre de 2024, la senadora provincial Nancy Miranda (PJ-Federal) expuso en el recinto la radiografía actual del Servicio Penitenciario: "Hoy el servicio penitenciario tiene un total en su planta de 1.470 funcionarios, dentro de los cuales tienen a los docentes, la parte de seguridad y los profesionales. De ese número, 800 son los que están hoy dando la parte de seguridad, contra 2.700 internos que tienen hoy en cada una de las cárceles que contamos en la provincia".

 

La cuenta es simple: un agente de seguridad cada 3,4 internos. Naciones Unidas recomienda una relación de 3 agentes por cada preso. Entre Ríos tiene exactamente la proporción inversa.

 

Para intentar paliar el déficit, el Senado aprobó en octubre de 2024 la creación de 40 nuevos cargos de agentes penitenciarios. "Venía con un pedido de la gestión anterior de 100 cargos", aclaró Miranda, evidenciando que el pedido original fue recortado. La distribución del personal es, además, despareja. Según un análisis de la Asociación de Pensamiento Penal, hay cárceles que llegan a tener el doble o el triple de agentes que la cantidad de presos que albergan (como las de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Victoria, Gualeguay y la femenina de Paraná), mientras que en Paraná y Concordia —donde la población es mucho mayor— hay menos personal que cantidad de internos.

 

Opiniones de algunos legisladores: En abril de 2025, algunos legisladores provinciales se manifestaban sobre la necesidad de construir más cárceles. Las respuestas expusieron diagnósticos coincidentes, pero recetas divergentes.

 

"El sistema penitenciario está colapsado no solo por la cantidad de personas, sino por el abandono de las funciones que debería cumplir", sostuvo la senadora Miranda. "No podemos mirar para otro lado cuando el encierro no repara, sino que rompe más. Si una persona entra al sistema, cumple su pena y sale sin haber recibido ni una herramienta para reconstruirse, estamos condenando a la sociedad a repetir el círculo", acotó. La legisladora consideró urgente revisar las condiciones edilicias, pero también "garantizar el acceso a derechos básicos como salud mental, educación, actividades productivas y vínculos familiares". Y concluyó: "La cárcel debe ser el último recurso, no la única respuesta del Estado".

 

El senador Rubén Dal Molin (JxER-Federación) reconoció los déficits: "Siempre falta. Es un denominador común de muchas áreas en Entre Ríos, donde durante varios años se dejó caer la inversión pública. Lo vemos en escuelas, caminos, hospitales. En ese contexto, también el sistema carcelario tiene requerimientos y necesidades no resueltas".

 

La diputada Vilma Vázquez (JxER) planteó una visión integral: "Es una situación que debe abordarse desde una mirada global del sistema penitenciario. La sobrepoblación carcelaria es una problemática en varias provincias", señaló, haciendo énfasis en "el carácter humano y espiritual de las personas privadas de libertad".

 

El diputado Yari Seyler (PJ) fue categórico: "Las cárceles no deben convertirse en un espacio que reproduce las mismas lógicas de exclusión que viven muchas personas afuera". Para Seyler, es necesario invertir en infraestructura, pero sin perder de vista el enfoque social: "La cárcel no puede ser un callejón sin salida. Si no hay un plan integral, cualquier solución va a ser incompleta".

 

La titular del juzgado de ejecución de Paraná dijo:

 

Tras la recorrida por la Unidad Penal N°1 con funcionarios provinciales, la jueza de Ejecución Penal de Paraná, Cecilia Bértora, habló de la realidad del sistema penitenciario entrerriano y planteó el trabajo que se realiza y las falencias existentes. Afirmó que se necesita hacer mucho más “para trabajar en reinserción”. En relación con la problemática de las adicciones al interior de las cárceles, Bértora planteó que “en muchos pabellones se pueden esconder muchas cosas, desde chip de teléfono hasta droga, en los sobre techos y cielorrasos también, por eso los perros cumplen una función fundamental en las requisas; los scanner como siempre están en carpeta, pero no han llegado y no hubo nunca posibilidad de implementarlos para controlar el ingreso de droga. En gobiernos anteriores, cuando se detectaba un penitencio que consume sustancias no se hacía nada, pero hoy la mirada y la política que se aplica es otra y si hay un funcionario penitenciario que consume es separado de su función y se le da un tratamiento, porque es un riesgo muy grande tener un penitenciario intoxicado cumpliendo funciones”. Respecto de los internos en las cárceles no solamente tiene que ver con una cama y un colchón, sino que tiene que ver con escolarización, con atención de salud, con tratamiento psicológico, de adicciones, es decir que es complejo”.

 

Algunos abocados de forma cotidiana a las redes sociales mostrando lo irreal, lo efímero, cuando la realidad golpea y duele.

 

Mientras tanto no se cumple con la manda Constitucional, que en su artículo 18 en unos de sus párrafos dice: Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

 

*Por Maximaonline