Publicamos columna de opinión del abogado Ariel Heidenreich
Se llama no contributiva porque la podés cobrar, aunque no hayas hecho aportes. Irritable para algunos, este control es un mecanismo para asegurar que estos beneficios sean otorgadas únicamente y siempre a quienes lo necesitan y celebro eso siempre como acto de justicia, en un tema tan sensible por la condición de estas personas, el Estado realiza estas acciones a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez para verificar que cumplan con las condiciones médicas-legales para recibir el beneficio.
El estado descubrió que algunos sinvergüenzas percibían dicho beneficio sin merecerlo, examinar la gestión económica de una entidad pública, siempre es sano y respecto de lo público que mantienen los buenos contribuyentes mejor aún, siempre está practica es óptima, y no debe nunca dejar de realizarse, es mejor un sistema con control y sin manos largas. El procedimiento implica que el beneficiario debe presentarse a una cita con su DNI y documentación médica respaldatoria, tras ser notificado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en San José de Gualeguaychú se realizó una auditoría nacional de pensiones por invalidez a fines de agosto. El operativo a cargo de la (ANDIS), tuvo lugar en un hotel en la zona de costanera y se enmarcó en un proceso administrativo para verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios. El municipio brindó asesoramiento y acompañamiento gratuito durante las jornadas.
Repasemos años anteriorres:
Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos de la discapacidad, un esquema para dar prestaciones y medicamentos a quienes no tienen obra social, es el motor de las compras que sumaron US$43,7 millones por cada mes de 2025, ¿Quién controla? quien lleva la tarea de realizar un mapa del Estado en el que estén resaltados todos los rincones donde haya dinero para gastar, en lunfardo político. “LAS CAJAS”, a los arqueólogos de la administración nacional nunca se les escapa este organismo que ahora se llama Agencia Nacional De Discapacidad (Andis), una estructura que antes se llamó (Profe) Programas Federales, que tenía 1373 empleados en junio de 2022 y que en esta gestión fue reducido a 921 trabajadores.
La Andis asomó la cabeza después de que se conocieran los audios de Diego Spagnuolo, abogado y director de la agencia, donde habla de supuestos retornos que pagaban las droguerías que proveen medicamentos. En esas oficinas se cocinan compras millonarias donde parece unos pocos son invitados a participar. Allí se contratan medicamentos, productos de ortopedia y prestaciones para los que tengan pensiones no contributivas, es decir, otorgadas por una ley especial y no por aportes. Una de las formas de entender la magnitud del sistema de compras es
repasar sus números. Según datos oficiales del Ministerio de Economía, el año pasado la partida 36 llamada “Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas” ejecutó $548.628 millones. En lo que va de 2025, ese número de presupuesto devengado llega a $467.494 millones, siempre según datos públicos actualizado, en la Andis se confecciona un cheque de US$43,7 millones por mes para “atención médica”. Un punto a aclarar: no todo este importe es destinado a medicamentos.
Detrás de esa cifra millonaria se mueve, “desde siempre” un fenomenal negocio donde reinan las droguerías, los prestadores de servicios, las invitaciones parece a los de siempre para participar de los concursos, funcionarios de confianza del poder y una red de “inescrupulosos” que se reparten las compras.
Para entender lo que sucede en ese pliegue del Estado hay que hacer un poco de historia. Hasta la llegada de Mauricio Macri al poder diciembre (2015) todo lo que tuviese que ver con discapacidad,era jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social. Esta repartición, que en los años de Néstor y Cristina Kirchner fue manejada por Alicia Margarita Kirchner, donde se decidía todo lo que concernía a las pensiones no graciables.
“A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, o sea los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000. Esta cifra bajó a 1.026.000, entre 2015 y 2019, para volver a subir de 1.026.000 a 1.222.000 pensiones en diciembre de 2023″ cuando dejaba el poder el pegador de su mujer Alberto Fernández, Lo dijo esto el 8 de agosto el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
La expansión de la cifra, propia de un país que haya sido atravesado por una guerra o una catástrofe, terminó por generar la necesidad de darle otro marco al asunto. En el macrismo, entonces, se creó la Andis, bajo el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia.En febrero de 2018, con el decreto 160, se fundó Incluir Salud. Y acá sí se llega hasta el punto más importante del tema ya que este es el organismo que demanda los medicamentos y los servicios. El programa federal Incluir Salud, (ex Profe) no es una obra social, sino que brinda prestaciones mediante convenios directos con prestadores y con las provincias destinado a los titulares de las pensiones no contributivas, siempre y cuando, no tengan ninguna otra cobertura de salud. Formalmente, todas las provincias han adherido y han creado una Unidad de Gestión Provincial (UGP), donde los afiliados llegan a pedir la cobertura, los servicios o los medicamentos. Ahí empieza el camino que termina, en la sede central, con la compra millonaria.
Auditar es una práctica generalmente buena y útil porque fortalece la gestión y los controles internos, aumenta la transparencia y la fiabilidad de la información financiera, permite detectar y corregir errores,omisiones groseras o fraudes, y ofrece una visión clara del estado, lo que facilita la toma de decisiones para la mejora continua y el cumplimiento de objetivos, una auditoria es una revisión independiente y objetiva de los sistemas, de operaciones, servicios y materiales de departamentos/áreas internas de lo municipal, provincial o nacional.Se realiza con el fin de evaluar el cumplimiento con los requerimientos, normativas, exigencias de Agencias Reguladoras de Organismos Oficiales, con el fin de optimizar recursos públicos, de los que aportan los buenos contribuyentes.
Ariel Heidenreich.