En la 15 sesión especial del 146 período legislativo, el bloque oficialista juntó los votos necesarios para dar sanción definitiva al restablecimiento de la emergencia en obras y servicios públicos para Entre Ríos, más allá de las fuertes observaciones del peronismo y de algunos libertarios.
Emergencia en Obras Públicas: Este miércoles Diputados votará los cambios introducidos por Senado
La defensa por el oficialismo la realizó la diputada María Noelia Taborda (Juntos por Entre Ríos) quien afirmó que “esta adecuación resulta necesaria y es responsable, porque hay certificados de obras y servicios públicos reconocidos administrativos y judicialmente que requieren instrumentos agiles y de aceleración”.
En ese sentido aclaró que la modificación “no amplia facultades discrecionales, sino que, ratifica las herramientas ya autorizadas por la legislatura”.
Además, la diputada dijo que la Ley generará “continuidad, seguridad jurídica y responsabilidad fiscal, permitiendo honrar compromisos y cuidar el interés general de la provincia”.
En ese sentido, Gabriela Lena (UCR), aclaró que la norma “para nada es una renuncia al Estado de Derecho. El artículo quinto de la Ley no viola derechos, sino que los protege, porque permite revisar, negociar y encausar todas las controversias en un marco legal y transparente.
La verdadera inseguridad jurídica sería mirar para otro lado y dejar que los conflictos se acumulen y las obras se abandonen sin respuestas”.
Una gestión en emergencia que instala la inseguridad jurídica
El diputado Juan José Bahillo explicó que el bloque Mas para Entre Ríos- Unión por la Patria no acompañó la prórroga “porque en un tercer año de gestión se normaliza una cuestión excepcional”.
Al respecto, recordó que “cuando el gobierno provincial asumió en diciembre de 2023 requirió el acompañamiento para la declaración de emergencia en diferentes materias, en algunas consideramos que era racional y en otras no tanto, pero, no obstante, se votaron los proyectos de Leyes de las declaraciones de emergencia que impulsó el Poder Ejecutivo, porque entendíamos que teníamos que darles las herramientas para iniciar la gestión, aunque no estábamos tan de acuerdo pero tampoco íbamos a ser un obstáculo”.
En ese marco, rememoró: “Después vinieron las prórrogas, que algunas las acompañamos; en educación, alimentaria, vial y en obra pública. Nadie puede decir que no somos una oposición razonable que le dio al Ejecutivo las herramientas que necesita, pero una emergencia que concluirá un 31 de diciembre en un tercer año de gestión representa un 75 por ciento de gestión en emergencia”.
Al respecto, apuntó que “se pueden entender que con los cambios de gobierno nacional y provincial se pudo generar algún tipo de controversia o situación crítica para seguir adelante con la obra pública hasta que se acomodara algunas cuestiones. Pero nadie debe sorprenderse por esto, porque el actual presidente Javier Milei dijo claramente que no iba a financiar obra pública de ningún tipo”.
Para el diputado “después de dos años el gobierno, la gestión provincial debería haber encontrado el mecanismo y, además, no hay una magnitud excepcional de obra pública para justificar la emergencia. Indudablemente, hay una desorganización en cuanto a lo administrativo que no logra resolverse a dos años de experiencia; se puede entender en los primeros seis meses pero a dos años ya no corresponde”.
Además, recordó que el gobernador Rogelio Frigerio “dijo el 17 de septiembre, ante la Cámara Argentina de la Construcción, que no iba a haber prórroga de la emergencia en obra pública y anunció un plan de infraestructura y, ninguna de las dos cosas, se están cumpliendo. Seguramente tenía esa intención, pero ninguna de las dos cosas se dio”.
Los argumentos no justifican la emergencia
Las modificaciones introducidas por el Senado “son correctas, ya que no se puede prorrogar algo que venció”, dijo la diputada Silvina Deccó, quien precisó: “Espero que esto sirva como un ejemplo para visibilizar la que la celeridad o el tratamiento exprés solo dilatan el debate y estudio de los proyectos, que permite analizar a conciencia y con claridad el significado que se quiere dar a cada Ley”. Sin embargo, la legisladora aclaró que lo que se trató en el hemiciclo “no es una cuestión de redacción, sino que hay algo mucho más profundo, ya que no se indica el fundamento para requerir una prórroga de una emergencia”.
Deccó apuntó que uno de los argumentos es “el volumen extraordinario de trámites administrativos y ahí nos preguntamos si ‘un gran volumen’ habilita o no a una declaración de emergencia, que entiendo que no.
Además, hay una cuestión que es meramente enunciativa, eso no es una fundamentación ni real ni efectiva”.
Por otro lado, la legisladora habló de los argumentos económicos: “Se refieren a una deuda de, aproximadamente, 4.000 millones de pesos, correspondientes a certificados emitidos y a emitir, pero si se analiza con el Presupuesto 2026 el impacto sería mínimo, porque no alcanza ni el uno por ciento del presupuesto destinado a obras, es decir, el argumento es vago y con poco criterio en cuanto a la especificidad que se requiere para este tipo de normativas”.
“Desde otro lugar al hablar de ‘extraordinario’ nos tenemos que centrar en esto, porque si se sigue prorrogando deja de ser algo excepcional para ser algo regular y ordinario, ya que la Ley 11.138 que estableció la emergencia en diciembre de 2024 y que fue prorrogada hasta diciembre de 2025 y esta norma la restablece hasta el 31 de diciembre de 2026”, dijo.
Además, rememoró que durante la pandemia “se ameritaba una emergencia y, en ese momento, quienes hoy son oficialismo y antes eran oposición no la acompañaron. Esa emergencia en un contexto más grave y determinante fue por, solamente, un año, por lo que no es un dato menor tratar este proyecto que de un gobierno de cuatro años tres esté en emergencia”, publicó Aim.
Por otro lado, cuestionó el artículo cinco: “Acá no hablamos simplemente de una emergencia, sino que hablamos de seguridad jurídica”.
También, consideró que la emergencia “habilita la discrecionalidad con contrataciones directas y excepciones a procedimientos extraordinarios”.
Fuente: APFDigital
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