Según los registros históricos, en 1913 se inauguraba el Hospital Centenario, una obra de enorme importancia para aquella época y
para la atención sanitaria del sur entrerriano. Desde entonces, esta institución, ubicada en Pasteur 50, se convirtió en una referencia
fundamental para Gualeguaychú y para vecinos de otras localidades de la región.
Más de un siglo después, el histórico nosocomio continúa cumpliendo una función esencial, aunque enfrenta falencias y
limitaciones que ponen de manifiesto la necesidad de contar con una infraestructura sanitaria acorde con las demandas actuales.
Y hay algo que merece ser destacado: el hospital sigue adelante gracias al compromiso, la vocación y la calidad humana de sus
trabajadores. Médicos, enfermeros, técnicos y personal de distintas áreas sostienen diariamente la atención de la comunidad, muchas
veces en condiciones que requieren un esfuerzo adicional.
Pero la entrega de los trabajadores no puede reemplazar las obligaciones del Estado. Gualeguaychú necesita que las
autoridades garanticen instalaciones adecuadas, equipamiento, recursos y servicios suficientes para atender a una población que
depende de la salud pública.
Por eso, la espera por el Hospital Bicentenario no es una cuestión menor ni una discusión sobre edificios. Es una demanda concreta
de miles de vecinos que merecen una atención sanitaria digna y que todavía esperan respuestas definitivas.
Hay obras públicas que se demoran. Otras se encarecen. Y hay algunas que, con el paso de los años, terminan convirtiéndose en
un símbolo de la distancia que existe entre las promesas de los políticos y las necesidades reales de la sociedad.
En Gualeguaychú, el Hospital Bicentenario corre el riesgo de quedar en esa categoría: la de las grandes promesas que se
anuncian, se muestran y se celebran, pero que nunca terminan de traducirse en una solución concreta para los vecinos.
Mientras tanto, la ciudad sigue dependiendo del histórico Hospital Centenario, ubicado en Pasteur 50, una institución fundamental
para la atención sanitaria de Gualeguaychú y de localidades de la región. Un hospital que, pese a sus falencias y limitaciones edilicias,
continúa funcionando gracias al compromiso, la vocación y el esfuerzo de su excelente recurso humano.
Médicos, enfermeros, personal administrativo, técnicos y trabajadores de distintas áreas sostienen diariamente un servicio
esencial. Pero corresponde hacer una aclaración: la vocación del personal de salud no puede convertirse en la excusa para que el
Estado postergue indefinidamente las inversiones que la comunidad necesita.
2011: una inauguración que dejó más preguntas que respuestas
Para entender el presente hay que volver al pasado.
En 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández y la gobernación de Sergio Urribarri, se realizó una inauguración
parcial vinculada al Hospital Bicentenario. El acto fue presentado como un avance importante de una obra que, según los anuncios
de aquella época, demandaría una inversión cercana a los 200 millones de pesos.
Sin embargo, la imagen de una obra presentada ante la sociedad como un logro no era suficiente para resolver lo verdaderamente
importante: terminar el hospital y ponerlo plenamente al servicio de la población.
En aquel momento, las críticas apuntaron a una puesta en escena que incluía paneles de césped y una fachada que daba una imagen
de modernidad, mientras la obra todavía estaba lejos de cumplir con todas las funciones que la comunidad esperaba.
¿De qué sirve una fachada impactante si detrás de ella no existe un hospital terminado y operativo?
La pregunta conserva toda su vigencia.
Una inauguración parcial puede tener valor administrativo o mostrar un avance concreto, pero no debería confundirse con la finalización
de una obra sanitaria de semejante importancia. La salud pública no necesita escenografías: necesita infraestructura, equipamiento,
personal y servicios funcionando.
Urribarri y Bordet: dieciséis años de gobiernos y una deuda pendiente
Después de Sergio Urribarri llegó Gustavo Bordet. Entre ambos gobernaron Entre Ríos durante dieciséis años consecutivos, desde
2007 hasta 2023.
Hubo tiempo suficiente para que la sociedad reclamara explicaciones, exigiera resultados y esperara que una obra de esta magnitud avanzara hasta su conclusión.
Pero el Hospital Bicentenario siguió siendo motivo de preocupación y reclamo.
No se trata de discutir quién se sacó la fotografía, quién participó de una videoconferencia o qué dirigente se atribuyó el mérito de un
avance. Se trata de algo mucho más elemental: ¿por qué una obra hospitalaria de semejante importancia no logró convertirse, en los
plazos que la ciudadanía esperaba, en una respuesta sanitaria plenamente operativa?
Los vecinos no necesitan relatos retrospectivos ni nuevas promesas. Necesitan información clara sobre cuánto costó la obra, cuánto dinero se invirtió, qué trabajos se ejecutaron, qué falta terminar y cuáles son los plazos concretos para su puesta en funcionamiento.
Si hubo incumplimientos, deben explicarse. Si existieron sobrecostos, deben documentarse. Y si se detectaron irregularidades, corresponde que los organismos competentes las investiguen.
El dinero público no pertenece a los gobiernos de turno. Pertenece a los ciudadanos que lo aportan con sus impuestos y tienen derecho a exigir que sea administrado con responsabilidad y transparencia.
Una obra pública no se termina con una cinta
Existe una costumbre de la política que la ciudadanía conoce demasiado bien: convertir los anuncios y las inauguraciones en
acontecimientos destinados a mostrar gestión, aun cuando la obra todavía no esté en condiciones de cumplir plenamente su finalidad.
Pero un hospital no es una plaza, una fachada ni un edificio destinado a una fotografía electoral. Es una infraestructura esencial para proteger la vida y la salud de miles de personas.
Por eso, una inauguración debe representar el final de un proceso de trabajo, no una herramienta para construir una imagen política.
Los cortes de cinta se realizan después del último ladrillo, no cuando todavía faltan respuestas.
La frase puede parecer sencilla, pero encierra una exigencia fundamental: que los funcionarios rindan cuentas por los resultados
concretos de su gestión y no solamente por los anuncios que realizan.
Cada peso invertido en una obra pública debe poder justificarse. Cada demora merece una explicación. Y cada compromiso asumido
frente a la sociedad debe tener un responsable y un plazo verificable. La salud de los vecinos no puede esperar el calendario electoral
En Gualeguaychú, la necesidad de contar con una infraestructura hospitalaria adecuada no desaparece porque cambie un gobernador, un ministro o un director.
Las enfermedades no esperan. Las urgencias no se postergan. Las familias que necesitan atención médica no pueden conformarse con
promesas que se renuevan cada vez que cambia el escenario político.
El Hospital Centenario continúa cumpliendo una función indispensable, pero sus trabajadores no deberían cargar indefinidamente con las consecuencias de las demoras y de las decisiones de quienes tienen la responsabilidad de garantizar un sistema de salud acorde con las necesidades de la población.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿cuántos años más deben esperar los vecinos para contar con la infraestructura que se les anunció?
Y hay otra cuestión que tampoco puede quedar afuera: ¿qué controles se realizaron sobre los fondos destinados a la obra? ¿Qué certificaciones se aprobaron? ¿Cuáles fueron las empresas responsables de cada etapa? ¿Qué trabajos restan ejecutar y cuánto dinero se necesita para terminarlos?
No alcanza con decir que la obra continúa o que se están haciendo gestiones. La ciudadanía merece información pública, detallada y actualizada.
Frigerio tiene la palabra: ¿diciembre de 2027 será la fecha definitiva?
Hoy la responsabilidad política recae sobre el gobierno de Rogelio Frigerio, que deberá dar respuestas sobre el estado de la obra y los pasos necesarios para que el Hospital Bicentenario se convierta en una realidad.
La expectativa es que, al finalizar su mandato, el 10 de diciembre de 2027, Gualeguaychú pueda contar con un hospital plenamente operativo, con servicios, equipamiento y personal suficientes para responder a las necesidades de la comunidad.
Ojalá así sea.
Pero la esperanza no reemplaza a la planificación, ni las declaraciones públicas sustituyen a los hechos. Para recuperar la confianza, hacen falta plazos concretos, información verificable y resultados que puedan comprobarse.
La sociedad ya escuchó demasiadas promesas. Ahora necesita respuestas.
El dinero es de los ciudadanos y las explicaciones también se deben a ellos.
La Constitución Nacional reconoce derechos y garantías a los habitantes de la Argentina. Pero el vínculo entre el Estado y la ciudadanía también exige algo básico: que quienes administran recursos públicos comprendan que no son dueños del dinero que manejan, sino responsables de utilizarlo en beneficio de la comunidad.
Los impuestos que pagan los trabajadores, los comerciantes, los profesionales y los pequeños empresarios no son un cheque en blanco para la dirigencia política. Son recursos que deben volver a la sociedad en forma de servicios, infraestructura, educación, seguridad y salud.
Por eso, cuando una obra tan importante se prolonga durante años, la obligación de explicar lo ocurrido no es una concesión de los gobernantes. Es un deber frente a los ciudadanos.
No corresponde afirmar, sin pruebas, que hubo una estafa penal o que alguien se apropió de fondos públicos. Pero sí corresponde hablar de una posible estafa a las expectativas de la sociedad cuando las promesas se repiten y los resultados no llegan. Y corresponde exigir que cualquier sospecha concreta sea investigada por las autoridades competentes.
La diferencia es importante: las responsabilidades políticas deben discutirse y las eventuales responsabilidades administrativas o penales deben determinarse con pruebas.
Gualeguaychú merece un hospital, no otra promesa
Pasaron los años, cambiaron los gobiernos y se sucedieron los anuncios. Sin embargo, la pregunta sigue en pie: ¿cuándo estará el Hospital Bicentenario funcionando plenamente?
No es una discusión partidaria. No debería serlo. Es una cuestión que afecta a cada vecino, a cada familia y a cada persona que alguna vez puede necesitar atención médica. La ciudad merece saber qué ocurrió con los plazos originales, cuánto se invirtió, qué falta hacer y cuándo podrá utilizarse
plenamente la infraestructura prometida.
Porque un hospital no se mide por el tamaño de su edificio ni por la cantidad de funcionarios que participan de una inauguración. Se mide por su capacidad para atender, diagnosticar, tratar y cuidar a las personas.
La verdadera inauguración será el día en que un vecino entre al Hospital Bicentenario y encuentre allí un servicio de salud funcionando como corresponde.
Hasta entonces, la obra seguirá siendo una deuda pendiente con Gualeguaychú.
Y a quienes tienen y tuvieron responsabilidades de gobierno les corresponde responder una pregunta que no admite más decorados ni discursos: ¿cuándo se termina el hospital?
El pueblo no pide un favor. Exige que los recursos públicos se traduzcan en soluciones concretas.
Porque la salud no puede esperar y la paciencia de los ciudadanos tampoco es infinita.
Ariel Heidenreich