“Este miércoles 17 de septiembre tendrá lugar una marcha federal en defensa de la educación pública. Esta convocatoria reúne a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, no docentes y autoridades entre otros, con el objetivo de exigir al gobierno la restitución del financiamiento necesario para garantizar que las universidades nacionales y el sistema educativo público puedan funcionar con normalidad y sostener la calidad que merecen.
La principal razón de la movilización es el rechazo a la ley de financiamiento universitario, una norma que había sido sancionada en el Congreso con amplio consenso entre los parlamentarios.
Dicha norma buscaba actualizar los salarios de todo el personal universitario de acuerdo a la inflación, así como también asegurar recursos para el adecuado funcionamiento de las universidades nacionales. Los sectores educativos denuncian una caída importante de los recursos destinados a salarios, funcionamiento e infraestructura. Se habla de recortes presupuestarios y pérdida de poder adquisitivo de los docentes y personal universitario.
En este sentido, la movilización desea también señalar que no se pueden vulnerar derechos adquiridos ni postergar las responsabilidades del Estado con ajustes que impactan en el acceso y la calidad de la educación pública.
Pero eso no es todo. También forma parte del reclamo la restitución de la Ley de Emergencia Pediátrica, vetada recientemente, que fue presentada para atender situaciones urgentes en hospitales, mejorar el funcionamiento, infraestructura, salarios, guardias y formación profesional en salud.
¿Qué implica su desfinanciamiento? La pérdida de acceso y de calidad de atención a niños y niñas, es decir, Garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica en todo el territorio nacional, así como también un recorte presupuestario para la compra de bienes de uso común, insumos médicos, medicación y vacunas y mantenimiento de infraestructura.
Y por último, en cuanto a condiciones laborales, la ley vetada exigía recomposición salarial incluyendo residentes, y el reconocimiento de tareas críticas, guardias y horas extras.
Es por ello que este 17 de septiembre exigimos en las calles que se rechace el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y se permita que sea ley vigente.
Que se restablezca la Ley de Emergencia Pediátrica y se asignen los recursos necesarios para los hospitales que atienden a la infancia.
Que se detenga el ajuste sobre la educación y la salud pública, y se garanticen salarios dignos, condiciones de trabajo justas, infraestructura adecuada, becas suficientes y que la formación universitaria pueda mantenerse de calidad”.
Parte de prensa colectivo universitario