Entre los responsables, Luciano mencionó al gobernador, a la CARU, las áreas de Ambiente de provincia y municipio, el intendente, las empresas y la Corporación del Desarrollo.
“Son los responsables, no por una cuestión caprichosa, sino porque la normativa lo establece. En primer lugar, el gobernador de la provincia, por lo que señala el Acuerdo de Anchorena, donde establecieron las distintas obligaciones para cada uno de los Estados. Lo puse al gobernador en cabeza de la responsabilidad porque ese acuerdo lo establece”, explicó Luciano.
Respecto al proceso judicial, el abogado señaló que las causas son lentas, porque “los procesos son complejos”, no obstante, aseguró que “toda esta gente va a ser citada, para que den explicaciones por los incumplimientos que vienen dando”, remarcó.
Además de mencionar a los principales actores que considera responsables, “avalado por una normativa legal”, el abogado pidió a la Justicia, que sean revisadas las plantas de efluentes del Parque Industrial y que se solicite un informe de los productos químicos que utilizan las empresas en la producción diaria, así como también el protocolo para residuos peligrosos.
“Esta Ley 24051 de residuos peligrosos, se rige por el código penal, y en las sanciones que establece por incumplimiento, empiezan de cinco a quince años, no son excarcelables estos delitos porque son muy graves”, explicó Luciano.
En este sentido alertó sobre la existencia de “omisión de control”, y cuestionó los análisis que se realizaron al río Gualeguaychú.
“Dijeron que los había hecho el CONICET y no los hizo. Yo investigué y lo denuncié, esos análisis nunca se hicieron públicos. No los hizo el CONICET, el pago salió a la Fundación Umai, que es de una Universidad. Puede ser que tenga algún científico que trabaje en el CONICET, pero no es lo mismo. Lo denuncié y nadie salió a desmentirme y no recibí una carta documentos diciendo que yo estaba mintiendo, porque evidentemente los que mintieron fueron ellos”, afirmó Luciano.