“Recuperar la obra social será nuestra primera tarea, porque estamos hablando de un derecho de los trabajadores”, afirmó.
El diputado provincial Juan José Bahillo cuestionó con dureza la decisión del gobierno provincial de disolver el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y reemplazarlo por la Obra Social de Entre Ríos (OSER). En declaraciones radiales, sostuvo que lejos de mejorar el servicio, el cambio profundizó los problemas que atraviesan los afiliados y los prestadores en toda la provincia.
“Dijeron que iban a mejorar la obra social y lo que vemos todos los días son reclamos, falta de cobertura, suspensión de prestaciones y dificultades para acceder a servicios básicos. No solamente no mejoraron lo que funcionaba, sino que afectaron derechos y prestaciones que los trabajadores tenían garantizados. Fue la peor decisión del gobierno”, expresó.
Bahillo señaló que la situación genera preocupación en miles de familias entrerrianas y que los reclamos se multiplican entre afiliados, médicos, kinesiólogos, cuidadoras domiciliarias, clínicas y sanatorios. Entre los principales problemas mencionó las dificultades de atención, los convenios caídos con prestadores, las demoras en los reintegros y los cobros adicionales que deben afrontar los afiliados.
Asimismo, cuestionó la falta de transparencia en la administración del organismo y advirtió sobre el crecimiento de sus compromisos económicos. En ese sentido, señaló la falta de información sobre la gestión, la incorporación de proveedores de otras jurisdicciones, el aumento de los aportes de los afiliados como respuesta al déficit y el incremento de los gastos en honorarios de abogados como consecuencia de los amparos judiciales.
Al referirse a la evolución de la deuda, Bahillo indicó que en 2023 rondaba los 10.000 millones de pesos, en 2024 se acercó a los 56.000 millones y durante 2025 superó los 80.000 millones de pesos.
“Una obra social no puede funcionar de espaldas a sus afiliados. Tiene que garantizar atención, medicamentos, tratamientos y respuestas. No puede ser que los trabajadores tengan que recurrir a la Justicia para acceder a prestaciones que les corresponden”, sostuvo.
Finalmente, el legislador planteó que la recuperación de la obra social debe ser una prioridad política y de gestión.
“Recuperar la obra social será la primera tarea que vamos a darnos desde nuestro espacio político. Tenemos que reconstruir su funcionamiento, recuperar la confianza de los afiliados y garantizar las prestaciones. La salud de los trabajadores y sus familias no puede quedar librada a la improvisación ni convertirse en una variable de ajuste. Estamos hablando de un derecho que el Estado provincial tiene la obligación de garantizar”, concluyó.