Conrado Lamboglia, asesor jurídico del Consejo General de Educación, manifestó en RADIO MÁXIMA que se trabaja para cobrarle a los padres de los menores involucrados en amenazas “en más de 200 escuelas de Entre Ríos”, los gastos operativos de la Policía por esos hechos.

En Entre Ríos, los gastos de operativos policiales suman unos 250 millones de pesos, pero se analizará el costo que demandó cada caso de las amenazas.

“El 90 por ciento de los perpetradores de los hechos son menores, por ahora inimputables porque no está vigente la nueva ley en su totalidad, pero civilmente son responsables los padres, tutores...ellos son los que tendrán que pagar”, precisó el abogado.

El profesional dijo que “a partir del desafío viral conocido en el todo el país y de las amenazas en más de 200 escuelas de la provincia, se constituyó una mesa con varios sectores, incluida la Justicia, para analizar diferentes acciones con charlas de concientización, y en función de un mandato expreso del gobernador, trabajar en el recupero de los gastos de los operativos policiales, porque nos parece totalmente injusto que en función de esa situación, que constituye un delito penal, el Estado tenga que generar recursos que no tienen que ver con el desarrollo normal de la Policía, por un costo aproximado de 250 millones de pesos”.

Precisó además que “se está trabajando en un protocolo desde el Ministerio de Seguridad, elaborando toda la cuestión jurídica, para tratar de recuperar ese dinero”.

Saben quiénes fueron

Informó que “se analizará cada situación particular con un informe económico de la Policía, para determinar qué se gastó en cada operativo. Son daños, y se trabajará en el recupero de ese dinero. No tiene el carácter de multa, sino de reparación”.

“En la mayoría de los casos ya se está en condiciones de determinar quiénes fueron”, reveló.

“También hay un mensaje, no solo la recuperación del dinero, sino que desde el Estado no nos da lo mismo, y alguien tiene que hacerse responsable. Es un delito de intimidación pública que trasciende la rotura de un banco, por eso se tiende a solucionarlo de otra manera”, manifestó.

Remarcó asimismo que “en Gualeguaychú se suspendieron las clases, es un daño irreparable para la educación como bien jurídico comunitario”.