Dos muertes en pocos meses: la violencia pone bajo la lupa la seguridad y custodia penitenciaria.

El homicidio ocurrido este martes en la Unidad Penal N.º 1 de Paraná no es un episodio aislado. En marzo, Martín Luciano Siegfried, de 26 años, también murió luego de sufrir múltiples heridas de arma blanca dentro del mismo establecimiento. Dos muertes en pocos meses vuelven a abrir interrogantes sobre la violencia intramuros, los controles penitenciarios y el deber de cuidado que tiene el Estado sobre las personas privadas de su libertad. La cárcel no puede convertirse en un territorio donde la violencia sea considerada inevitable. El Estado puede privar de libertad a una persona por orden judicial, pero no puede desentenderse de su vida, su integridad ni su seguridad mientras permanece bajo custodia.

 

 

La muerte de Esteban Bernal, de 24 años, ocurrida luego de un enfrentamiento dentro de la Unidad Penal N.º 1 de Paraná, vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad y convivencia dentro del principal establecimiento penitenciario de la capital entrerriana.

 

Según los primeros elementos de la investigación, Bernal habría protagonizado una pelea con otro interno, identificado como Quiroga, de 25 años, luego de salir de la escuela que funciona dentro de la unidad. En medio del enfrentamiento, recibió una herida en el tórax provocada por un elemento punzante.

 

El joven fue asistido inicialmente en el área de sanidad del establecimiento y posteriormente trasladado al Hospital San Martín, donde murió pese a los esfuerzos de los profesionales para reanimarlo.

 

La Justicia deberá determinar qué originó la pelea, cómo se desarrolló el ataque y, especialmente, cuál fue el origen del elemento utilizado para provocar la herida mortal.

 

Un antecedente ocurrido apenas meses atrás

 

El caso Bernal adquiere una dimensión todavía más preocupante si se lo observa junto con otro homicidio ocurrido en la misma unidad penitenciaria durante marzo de este año.

 

El 6 de marzo, Martín Luciano Siegfried, de 26 años, murió después de ser atacado con armas blancas dentro del pabellón N.º 6 de la Unidad Penal N.º 1. Inicialmente se informó que el episodio había ocurrido en el marco de una reyerta entre internos. Posteriormente, la investigación judicial avanzó sobre la hipótesis de un ataque dirigido y fueron imputados los hermanos Raúl Miguel Ángel y Luis Rafael Miño.

 

De acuerdo con la información difundida durante la investigación, Siegfried recibió múltiples heridas provocadas con elementos cortopunzantes de fabricación casera, descriptos como chuzas o facas. La Fiscalía investigó además la posibilidad de que el ataque se hubiera producido mientras la víctima dormía.

 

La familia de Siegfried cuestionó públicamente la primera versión de los hechos y reclamó el acceso a las cámaras de seguridad del establecimiento para conocer qué había ocurrido dentro del pabellón.

 

La muerte también provocó una protesta de familiares y allegados frente a la Unidad Penal N.º 1, donde reclamaron explicaciones y el esclarecimiento del hecho.

 

Dos homicidios, una misma pregunta La sucesión de ambos episodios obliga a formular una pregunta que excede la investigación penal de cada caso: ¿qué está ocurriendo dentro de la Unidad Penal N.º 1 para que dos personas privadas de su libertad hayan muerto violentamente en un período de apenas cinco meses?

 

No se trata de anticipar responsabilidades ni de atribuir a funcionarios o agentes penitenciarios una conducta que todavía no haya sido determinada judicialmente.

 

Pero sí corresponde señalar que la privación de la libertad coloca a las personas detenidas bajo una situación de especial dependencia respecto del Estado. El interno no puede abandonar el establecimiento, elegir dónde vivir, trasladarse por sus propios medios ni procurarse por sí mismo determinadas condiciones de seguridad.

 

Por esa razón, el Estado no solamente tiene la obligación de ejecutar las penas conforme a la ley: también tiene un deber de guarda, custodia, vigilancia y protección de la integridad física de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad.

 

El origen de las armas, otro interrogante central

 

En ambos episodios aparece, además, un elemento que merece especial atención: la presencia de armas blancas o elementos punzantes dentro de un establecimiento penitenciario.

 

En el caso Siegfried, la investigación permitió secuestrar elementos cortopunzantes y avanzar sobre la hipótesis de armas de fabricación casera. En el nuevo homicidio, uno de los puntos que deberá esclarecerse es precisamente cómo llegó el elemento utilizado hasta el lugar del enfrentamiento.

 

La pregunta resulta inevitable: ¿cómo ingresan, circulan o permanecen dentro de una cárcel elementos capaces de provocar una muerte?

 

La respuesta no puede limitarse únicamente a identificar al interno que utilizó el arma. También debe permitir conocer si existieron fallas en los controles, deficiencias en las requisas, problemas de infraestructura, falta de personal o cualquier otra circunstancia que pudiera haber favorecido la circulación de estos elementos.

 

La violencia carcelaria no puede naturalizarse Una cárcel es, por definición, un lugar de encierro y conflictividad. Allí conviven personas con diferentes historias, condenas, conflictos y niveles de peligrosidad.

 

Pero esa realidad no puede llevar a naturalizar que una pelea, una disputa interna o un ataque termine con la muerte de una persona.

 

Quien se encuentra privado de su libertad pierde su libertad ambulatoria como consecuencia de una decisión judicial, pero no pierde su derecho a la vida ni a la integridad física.

 

Por el contrario, el encierro aumenta la responsabilidad estatal porque la persona queda sometida a un sistema de custodia que debe contar con mecanismos adecuados para prevenir, detectar y controlar situaciones de violencia.

 

Investigar no solamente quién mató, sino también por qué pudo ocurrir

 

La investigación por la muerte de Bernal deberá determinar quién fue el autor de la agresión y cuál fue el motivo del enfrentamiento.

 

Pero el análisis institucional debería ir un paso más allá.

 

Será necesario determinar si existían antecedentes de conflictos entre los internos, si las autoridades habían recibido advertencias previas, qué controles se realizaron antes y después de la salida de la escuela, cómo se encontraba distribuido el personal penitenciario y qué protocolos se aplicaron ante el inicio de la pelea.

 

También deberá establecerse cómo fue detectada la agresión, cuánto tiempo transcurrió hasta la intervención del personal, qué atención recibió inicialmente la víctima y si el traslado sanitario se produjo con la rapidez necesaria.

 

Son preguntas que no buscan prejuzgar, sino establecer si el sistema de prevención y custodia funcionó como debía.

 

Una responsabilidad que no termina con la investigación penal

 

La Justicia deberá establecer las responsabilidades penales individuales que correspondan. Pero, paralelamente, las autoridades penitenciarias tienen la obligación institucional de revisar qué ocurrió y qué medidas pueden adoptarse para evitar que vuelva a suceder.

 

Dos homicidios dentro de una misma unidad penitenciaria en pocos meses constituyen una señal que no debería ser ignorada.

 

Porque detrás de cada expediente hay una persona que murió mientras se encontraba bajo custodia estatal y una familia que reclama respuestas.

 

Por eso, además de encontrar al responsable directo de cada muerte, la sociedad tiene derecho a conocer si los mecanismos de prevención y control funcionaron, ¿qué falló si algo fallo? y qué medidas se adoptarán para que una nueva pelea dentro de la Unidad Penal N.º 1 no vuelva a terminar en otra muerte.