El siguiente, es el texto del comunicado.

CUANDO NO ES NO

Hace 17 años los vecinos de la zona de obras sanitarias ya expresamos con claridad que no queríamos antenas de telefonía celular. Pero recurrentemente parece que es necesario volver a recordarlo. Una y otra vez.

Hemos dado fundamentos, nos asesoramos, buscamos información, y si algo queda absolutamente en evidencia es que nadie puede dar garantías sobre el impacto qué provocan o pueden provocar este tipo de dispositivos en la salud de las personas, en los procesos de gestación y en el ambiente en general.

No se entiende porqué empresas que tienen ganancias siderales, con tarifas desreguladas y cuyo costo es de los más elevados del mundo, “necesitan” que el Estado les brinde facilidades para instalar un dispositivo, y para colmo, en un lugar emblemático como lo es el predio de Obras Sanitarias, lugar donde se potabiliza el agua de la ciudad y circundada por un club, dos escuelas, un centro de salud, oficinas municipales, la casa Alas Desatadas, y de cientos de familias que viven en la zona, entre los cuales se encuentra, obviamente, el plan Alborada. Niños, personas con enfermedades varias, trabajadores, ancianos. De ellos hablamos, es decir, de nosotros.

El argumento de que “existe un problema y los vecinos no tienen conectividad para llamar una ambulancia” es una falacia, y en todo caso, no nos oponemos al avance de los avances tecnológicos, pero si demandamos que se respete la licencia social, nuestra opinión (que nunca fue solicitada salvo un formalismo ), el acceso a la información que en este caso es casi inexistente, y por supuesto, que las empresas hagan las inversiones que tengan que hacer para brindar el servicio fuera de las zonas urbanizadas, como ocurre en diversas ciudades argentinas y del mundo. No es tan difícil.

Exigimos que la municipalidad esté del lado de los vecinos y de la protección integral del ambiente, del que nuestra ciudad ha transformado en un hito comunitario de trascendencia mundial, en lugar de hacer lobbies a favor de una empresa. Tal posicionamiento es, además, constitutivo de los derechos humanos que el Estado debe proteger de forma progresiva y que están plasmados en la Constitución Nacional y leyes respectivas.

Además el municipio debería dar a conocer la Ordenanza que habilita la instalación en un predio del Estado y; si es de forma gratuita o si se cobra un canon y por cuánto. Como aclaración, estas empresas cuando instalan antenas en predio privados pagan un importante alquiler mensual.

En poco más de una semana, ya más de mil vecinos han firmado el petitorio de nuestra demanda, y se siguen sumando.

Que quede claro, NO QUEREMOS ANTENAS EN NUESTRA ZONA.