La jueza de Garantías Elisa Zilli resolverá este lunes si devuelve los fondos al exministro condenado y si archiva la causa por enriquecimiento ilícito contra su esposa, Sofía Riquelme. La Fiscalía insiste en que el dinero debe ser embargado.
La jueza de Garantías Elisa Zilli definirá este lunes —en una audiencia prevista para las 18— si el exministro urribarrista Pedro Ángel Báez podrá recuperar los $20 millones que depositó como caución cuando el 31 de enero pasado le fue concedido el arresto domiciliario con tobillera electrónica. Actualmente, cumple esa medida en su quinta ubicada sobre calle Jozami, en la zona de Toma Vieja, en Paraná.
La defensa del exfuncionario pidió no solo que se le devuelva ese dinero, sino también que se dicte el sobreseimiento de su esposa, Sofía Riquelme, en la causa por enriquecimiento ilícito, que ya tiene pedido de remisión a juicio. Tanto Báez como Riquelme aguardan con expectativa la resolución de la magistrada.
Desde el Ministerio Público Fiscal, en cambio, esperan un fallo opuesto: que la jueza Zilli rechace el pedido de sobreseimiento por prescripción y dé lugar a su planteo de embargar el monto de $20 millones en el marco de la causa por enriquecimiento.
Báez, con domiciliaria desde enero
El 31 de enero, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió la impugnación extraordinaria que había presentado Báez en el marco del megajuicio por corrupción y ordenó su excarcelación de la Unidad Penal de Paraná. En su lugar, se le concedió arresto domiciliario bajo control electrónico, contra el depósito de una caución de $20 millones.
Báez estuvo detenido desde el 22 de noviembre de 2023, tras la condena a 6 años y 6 meses de prisión por hechos de corrupción durante su gestión como ministro de Cultura y Comunicación. La condena, dictada en 2022, aún no está firme y fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia.
Antes, el 8 de enero, habían sido beneficiados con la misma medida el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera.
El planteo de Fiscalía
Este miércoles, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano formalizaron el pedido de embargo ante la jueza Zilli. En el escrito, sostienen que: “Pedro Ángel Báez, durante su desempeño como funcionario público del Estado provincial, entre 2007 y 2016, y con el aporte indispensable de su cónyuge Sofía Raquel Riquelme, incrementó su patrimonio de manera injustificada en relación a los ingresos percibidos; enriqueciéndose así por un monto histórico total de $4.179.885,62, equivalente a U$S 632.053,35”.
El Ministerio Público Fiscal ya solicitó la elevación a juicio de la causa por enriquecimiento ilícito que involucra a Báez y a Riquelme. Pidió una pena de cinco años de prisión para el exministro y de tres años y medio para su esposa.
La resolución de la jueza sobre estos planteos podría marcar el rumbo de la causa y el futuro judicial de ambos imputados.
Fuente: Elenterios
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