¿Qué es y cómo funciona un sistema republicano de gobierno?

Publicamos la columna de opinión del abogado Rodrigo Gohner:

“República es un término de origen latín que significa “cosa pública” (res pública), vocablo que alude a la persona que gobierna en forma representativa y que no puede ejercer sobre la cosa pública, una disposición material, como si fuera un bien propio. En otras palabras, se traduce en la distribución formal del poder

Es un sistema que resulta opuesto y alternativo a las monarquías absolutas en las cuales, no existían límites ni fiscalización de lo que hacía el gobernante. Ello por cuanto, el monarca ejercía y concentraba la suma del poder público, heredando el cargo un hijo.

En un sistema republicano la titularidad del poder estatal reside fundamentalmente en la sociedad. Aunque su ejercicio es llevado a cabo, mediante una estructura tripartita de órganos gubernamentales como lo son el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial, los cuales se encuentran integrados por funcionarios públicos. Cabe recordar que el pueblo no puede gobernarse a sí mismo, sino que lo hace por medio de sus representantes que son elegidos a través de un proceso electoral.

Nuestra Constitución Nacional adopta en forma expresa el sistema republicano de gobierno, el cual posee una serie de características fundamentales. Como primer punto, un sistema republicano tiende a evitar la concentración del poder ya sea en una institución, un partido político o en unas pocas personas. Ello mediante aplicación de una técnica conocida como “La Separación de Poderes” que procura evitar la desnaturalización de ciertos derechos y libertades. Es decir, que este método opera como primer límite en garantía de los ciudadanos.

Otro rasgo distintivo que se le asigna a este sistema, son límites temporales, que contribuyen a la rotación del elenco político para que a través de la periodicidad de un gobierno, pueda dársele participación a otros candidatos, evitando así la perpetuidad en el ejercicio del poder o lo que podría ser la antesala de un régimen autocrático.

Hay otros límites conformados por las leyes, que operan como principio básico sobre el cual debe imperar el poder. No solo porque indican la forma en que debe ejercitarse sino, además, obedece a un principio protectorio cuya finalidad es salvaguardar derechos individuales y sociales. De lo contrario, sin reglas específicas que regulen la actividad estatal, se correría el riesgo de que el poder público pueda ser utilizado en detrimento de los gobernados.

Otro punto a tener en cuenta es la libertad de expresión que, ejercen los medios de prensa dando publicidad a los actos de gobierno y por medio de este, los ciudadanos tomen razón sobre lo que funcionarios gubernamentales hacen en su nombre y representación. Como así también la idoneidad que revisten dichos funcionarios al momento de ocupar un cargo, sin acudir a la intromisión de sus acciones privadas.

La libertad de prensa que practican los medios comunicación, no solo contribuye a suministrar noticias de lo que se hace o no en un gobierno, si existen o no hechos de corrupción o despotismo en el poder. Sino que, además, ayuda instalar debates políticos en una sociedad; coronando la convivencia democrática.

La responsabilidad de los funcionarios es otro matiz que presenta un gobierno republicano. Nuestra Ley Fundamental prevé formas de juzgamiento con el fin de responsabilizar a los altos funcionarios. Corresponde hacer mención al procedimiento de orden constitucional conocido como “Juicio Político”, el cual tiende a hacer efectivo el buen uso del poder público y cuya finalidad es separar funcionarios del poder: el Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete y lo propio respecto a miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Respecto a los legisladores existe el “Desafuero”, concebido como el procedimiento mediante el cual se despoja al legislador de sus privilegios y, en consecuencia, es sometido a un proceso penal que se sustancia en su contra. Sin embargo, este procedimiento no hace que el funcionario pierda la calidad de legislador, sino que anula sus prerrogativas.

En el caso de los jueces, el procedimiento es denominado “Jurado de Enjuiciamiento”, utilizado para la destitución de funcionarios judiciales inferiores, cuando en el marco de sus funciones, incurran en causales de remoción previstas en la ley. En cambio, aquellos jueces que ejercen su oficio en los Tribunales Superiores de las provincias, deben ser removidos a través del “Juicio Político”.