Comenzó el juicio por la desaparición de un gualeguaychuense durante la dictadura

Eduardo Bonin y Humberto Fraccarolli, ambos oriundos de Entre Ríos, son dos de las casi 300 víctimas del terrorismo de Estado comprendidas en el nuevo juicio por delitos de lesa humanidad que se inició este jueves en La Plata. Ambos fueron desaparecidos y en el caso de Fraccarolli, sus restos fueron recuperados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Eduardo Roberto Bonin nació en Federación el 27 de febrero de 1949, cursó la primaria en la escuela Nº 1 Carlos Pellegrini. Más adelante dejó la ciudad y se fue a trabajar al astillero Río Santiago, en Ensenada, provincia de Buenos Aires. Fue delegado gremial y militante del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Sus compañeros le decían El Negro.

Humberto Luis Fraccarolli nació en 1951 en Sarandí, provincia de Buenos Aires, pero desde muy niño se estableció en Gualeguaychú con su familia. Estudió en la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade, donde se recibió de maestro en 1968. Fue secuestrado cuando tenía 26 años y era padre de un niño de 2 años. Trabajaba y estudiaba Psicología en La Plata y militaba en el mismo PCML.

En febrero de 1977, Eduardo y Humberto participaban de una reunión en el consultorio odontológico de Norma Estela Campano, en la capital bonaerense, cuando fueron secuestrados junto a Elena De La Cuadra –embarazada de cinco meses–, Héctor Baratti, Pedro Campano y la odontóloga. Todos fueron desaparecidos. Ana Libertad, la hija de Elena y Héctor, nació en cautiverio en la Comisaría Quinta de La Plata, fue apropiada y restituyó su verdadera identidad en 2014. Según testimonios de ex detenidos, ambos entrerrianos fueron vistos en los centros clandestinos de detención Comisaría Quinta y Comisaría Octava de La Plata.

En octubre de 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que uno de los 15 cuerpos encontrados en las costas bonaerenses y que luego fueron inhumados como NN en el cementerio municipal de General Lavalle en diciembre de 1978, correspondía a Fraccarolli. Se corroboró que fue víctima de los Vuelos de la Muerte y sus restos regresaron a Gualeguaychú en 2011. Humberto fue hijo de Aurora, activa integrante de Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú. Bonin permanece desaparecido.

Los casos de Fraccarolli y Bonin ya fueron enmarcados en anteriores juicios por delitos de lesa humanidad, como la causa conocida como “Circuito Camps”, en 2012, y la que terminó con la condena del sacerdote oriundo de Concordia Christian Von Wernich, en 2007.

El nuevo juicio

Dieciocho acusados, el funcionamiento de dos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y los crímenes perpetrados contra 299 víctimas forman parte del objeto procesal del juicio oral y público que comenzó este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata. Por primera vez, se incluyeron crímenes de lesa humanidad cometidos en las instalaciones de los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía bonaerense en La Plata, situados en edificios ubicados en la intersección de las avenidas 1 y 60, y en la Comisaría Octava de esa ciudad, en la esquina de 7 y 74.

El Ministerio Público Fiscal informó que, de acuerdo con los testimonios de sobrevivientes consignados en las acusaciones, las víctimas fueron confinadas en cuadras y galpones. La mayoría fueron trabajadores y delegados sindicales de empresas de la zona. Mientras Infantería funcionó como ingreso al sistema represivo clandestino, la comisaría Octava fue un paso intermedio antes del "blanqueo" de los detenidos, con excepción de quienes fueron asesinados y desaparecidos.

La mayoría de las personas que pasaron por los dos centros clandestinos comprendidos en este juicio sobrevivieron. Las excepciones fueron las desapariciones/homicidios de Ana Teresa Diego, María del Rosario Portela, Gladis Mabel Amuchástegui, Mario Salerno, Jesús María Plaza y Edgardo José Cardinali, quienes estuvieron ilegalmente privados de su libertad previamente en 1 y 60, y de Elena Arce, Nora Formiga y Margarita Delgado, Jorge Caravelos, Lucía Mirta Swica, Hector Baratti, Ramón Cascallares, Humberto Fraccaroli y Eduardo Bonin, quienes habían estado confinados en la Comisaría Octava.

El debate

El juicio, a cargo de la jueza subrogante Karina Mabel Yabor (presidenta) y los también subrogantes Andrés Fabián Basso y Ricardo Basílico (con la actuación como cuarta magistrada o jueza sustituta de Silvina Mayorga), es el resultado de la acumulación de cuatro causas: dos correspondientes a los hechos de 1 y 60 y otros dos a los de la Comisaría. Se trata de investigaciones que tramitaron por separado en la fase de instrucción y cuya acumulación en la fase de juicio fue propiciada por la Unidad Fiscal Federal de La Plata que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad y conexos. Esa oficina está compuesta para este proceso por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira.

Los acusados son ocho exmilitares del Regimiento de Infantería 7 y tres del Destacamento de Inteligencia 101, un exintegrante de la Policía Federal, cuatro expolicías bonaerenses y dos civiles.

Por el Regimiento 7: los exoficiales de Inteligencia Jorge Alberto Crinigan y Luis Gustavo Diedrichs, los exoficiales de Operaciones Ismael Ramón Verón y Lucio Carlos Ramírez, elexjefe de la Compañía A Lucas Marcelo Castro, los exoficiales de Personal Enrique Francisco Welsh y Rubén Vicente Sánchez, y el exoficial de Logística Enrique Armando Cicciari;

Además, juzgan al excabo primero de la Policía Federal Carlos Hugo Leguizamón; los expolicías bonaerenses Claudio Rubén Mejías, Tomás D’ottavio y Raúl Ricardo Monzón, quienes se desempeñaron como oficiales en las instalaciones de 1 y 60, y Juan Antonio Vidal, exjefe del denominado Grupo Cóndor; los exoficiales del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale; y los civiles Carlos Ernesto Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria, y el abogado Jaime Lamont Smart, quien fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires a la época de los hechos.

Quince acusados están detenidos en prisión domiciliaria y tres están privados de su libertad en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal: Sánchez, Di Pasquale y Castillo.

Fuente: UNO-Maximaonline