16 Ago, 2026, 10:19 AM
Mientras los entrerrianos realizan un enorme esfuerzo para sostener al Estado mediante el pago de impuestos, existe una pregunta que merece una respuesta clara, pública y documentada: ¿cómo se administran los millones de pesos que cada año se destinan al Servicio Penitenciario de Entre Ríos?
La pregunta adquiere todavía mayor relevancia cuando existen investigaciones que han puesto bajo la lupa el manejo de fondos públicos en otros sectores de la seguridad pública provincial. El caso de los denominados “Adicionales Truchos” debe servir como una señal de alerta institucional: no porque exista actualmente una acusación similar contra el Servicio Penitenciario, sino porque demuestra la importancia de contar con controles preventivos, auditorías permanentes y mecanismos de transparencia capaces de detectar cualquier irregularidad antes de que se transforme en un perjuicio millonario para el Estado, o sea para todos los entrerrianos.
¿PUEDE PASAR LO MISMO EN EL SERVICIO PENITENCIARIO?
La pregunta puede resultar incómoda, pero es legítima: ¿qué controles existen para garantizar que algo similar a lo investigado en el sistema de adicionales policiales no pueda ocurrir dentro del Servicio Penitenciario de Entre Ríos?
No se trata de afirmar que exista una maniobra irregular. Se trata precisamente de exigir que los controles permitan demostrar que no existe.
El antecedente de los “Adicionales Truchos” debería generar una revisión profunda de todos los organismos que administran importantes cantidades de recursos públicos vinculados a la seguridad. Si una investigación judicial logra detectar presuntas irregularidades en un determinado sistema de administración, la respuesta institucional no debería limitarse a investigar lo ocurrido: también debería consistir en revisar los mecanismos de control de otros organismos para evitar que situaciones similares puedan repetirse.
Por eso resulta indispensable conocer si el Servicio Penitenciario mantiene obligaciones pendientes con proveedores o contratistas. ¿Existen deudas? ¿Hay facturas impagas? ¿Se registran órdenes de pago pendientes? ¿Existen reclamos judiciales por incumplimientos? Si la respuesta es negativa, corresponderia informarlo oficialmente. Si es afirmativa, la sociedad tiene derecho a conocer el monto, las causas y las medidas adoptadas para regularizar la situación.
MÁS DE 3.000 PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Actualmente, en la provincia de Entre Ríos hay aproximadamente 3.318 personas privadas de la libertad bajo custodia del sistema penitenciario. Detrás de esa cifra existe una realidad compleja: el crecimiento sostenido de la población carcelaria implica mayores necesidades de alimentación, atención sanitaria, infraestructura, seguridad, movilidad, mantenimiento y personal.
También significa mayores recursos públicos.
Mis respetos para los buenos funcionarios, a los alcahuetes, mi desprecio.
Las cárceles argentinas no se volvieron ingobernables de un día para otro. Son el resultado de años de decisiones equivocadas, falta de respaldo político, inversiones insuficientes, dificultades para aplicar las normas y una creciente pérdida del principio de autoridad.
En mi opinión, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos muestra en determinados aspectos signos de debilidad y excesiva permisividad frente a situaciones que deberían ser controladas con mayor firmeza. También preocupa la posibilidad de que fenómenos como el narcotráfico puedan penetrar las estructuras penitenciarias, cuestión que, de existir indicios concretos, debe ser investigada con absoluta seriedad.
También resulta necesario diferenciar entre la institución y las conductas individuales. No todos los agentes penitenciarios son iguales, del mismo modo que tampoco todas las personas privadas de la libertad actúan de la misma manera.
Muchos internos cumplen sus condenas respetando el régimen penitenciario, trabajan, estudian y procuran reinsertarse en la sociedad. Del mismo modo, existen numerosos agentes penitenciarios que cumplen su función con responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio.
Precisamente por respeto a ellos, cualquier irregularidad debe ser investigada y cualquier sospecha debe ser despejada mediante controles objetivos.
EL NARCOTRÁFICO DENTRO DE LAS CÁRCELES: UNA ALERTA QUE NO PUEDE IGNORARSE
A esta preocupación se suma otra cuestión especialmente sensible: el propio funcionamiento del sistema penitenciario ya ha dejado expuestas situaciones en las que algunas personas privadas de la libertad habrían logrado conservar o desarrollar capacidad de manejo y vínculos para continuar con actividades ilícitas desde el interior de los establecimientos. Entre esas situaciones aparece la sospecha de operaciones vinculadas al narcotráfico, un fenómeno que, de confirmarse en cada caso mediante las investigaciones correspondientes, demostraría que determinados internos pueden mantener contactos, recursos y capacidad de organización aun estando bajo custodia del Estado.
El problema no termina en el ingreso o circulación de estupefacientes dentro de una unidad penal. La verdadera preocupación es mucho más profunda: ¿cómo puede una persona privada de su libertad continuar manejando negocios, contactos o actividades vinculadas al narcotráfico desde el interior de una cárcel? ¿Quién facilita esas comunicaciones? ¿Cómo ingresan los teléfonos, el dinero o las sustancias? ¿Existen complicidades internas? ¿Funcionan correctamente los controles sobre visitas, requisas y comunicaciones?
Son preguntas que no pueden ser respondidas con silencio.
Si existen antecedentes, investigaciones o procedimientos que hayan demostrado que determinados internos mantuvieron capacidad de organización criminal desde establecimientos penitenciarios, el Estado tiene la obligación de analizar cómo fue posible, quiénes lo permitieron y qué mecanismos deben modificarse para impedir que vuelva a ocurrir.
Y aquí aparece nuevamente la relación con el caso de los “Adicionales Truchos”. No porque ambas situaciones sean iguales ni porque exista una conexión entre ellas —algo que no corresponde afirmar sin pruebas—, sino porque ambas plantean una misma cuestión institucional de fondo: ¿están funcionando adecuadamente los controles internos del Estado?
Una institución que administra millones de pesos y que, al mismo tiempo, tiene bajo su custodia a personas condenadas o procesadas por delitos graves necesita controles extraordinariamente rigurosos.
No alcanza con controlar las puertas de una cárcel. También hay que controlar el dinero, las comunicaciones, los negocios, los proveedores, los movimientos internos y cualquier estructura que permita que una organización delictiva continúe funcionando desde adentro.
Porque si un preso puede seguir manejando un negocio de narcotráfico desde una celda, el problema ya no es solamente del interno.
El problema es del sistema que permitió que eso fuera posible.
Y por eso la discusión sobre el Servicio Penitenciario de Entre Ríos no puede limitarse a cuánto dinero recibe. También debe preguntarse qué hace con esos recursos, qué controles aplica y qué resultados obtiene en materia de seguridad, disciplina y prevención del delito dentro de las cárceles.
Después de los antecedentes que han quedado expuestos, sería irresponsable esperar a que aparezca un nuevo escándalo para recién entonces preguntarnos qué estaba pasando.La prevención debe comenzar antes de que la próxima “caja negra” salga a la luz.
En algunos aspectos, determinadas situaciones que se observan dentro del sistema penitenciario pueden recordar a escenas de la conocida serie “El Marginal”. Pero existe una diferencia fundamental: aquello era ficción; el funcionamiento real de las cárceles exige respuestas institucionales concretas.
No se trata de comparar directamente la realidad penitenciaria entrerriana con una producción televisiva, sino de advertir que cuando dentro de una institución aparecen señales de pérdida de autoridad, corrupción, connivencia, narcotráfico o falta de controles, el Estado debe reaccionar antes de que esas situaciones se conviertan en problemas estructurales.
EL VERDADERO DEBATE: ¿QUIÉN CONTROLA LOS MILLONES?
El sistema penitenciario cumple una función esencial para la seguridad pública.
Alberga a miles de personas privadas de la libertad, emplea a cientos de agentes y demanda importantes recursos para alimentación, salud, mantenimiento de edificios, combustible, móviles, equipamiento, seguridad y programas de reinserción.
Pero el verdadero debate no debería centrarse únicamente en cuánto dinero se asigna, sino fundamentalmente en cómo se ejecuta ese presupuesto y quién controla su utilización.
¿Quién controla las compras?
¿Quién audita las licitaciones?
¿Con qué frecuencia se revisan las cuentas del Servicio Penitenciario?
¿Qué observaciones han formulado los organismos de control?
¿Se corrigieron esas observaciones?
¿Existen informes públicos que permitan a cualquier ciudadano conocer el destino de los fondos?
Y existe una pregunta todavía más importante a la luz de los recientes
escándalos: ¿Qué mecanismos tiene el Servicio Penitenciario para garantizar que no pueda desarrollarse dentro de su estructura un sistema irregular semejante al que actualmente investiga la Justicia en el caso de los “Adicionales Truchos”?
PREVENIR ANTES QUE LAMENTAR
La comparación no pretende acusar al Servicio Penitenciario de irregularidad alguna. No corresponde afirmar que exista un esquema similar sin pruebas y sin una investigación que así lo determine.
Pero justamente por eso, la mejor herramienta para despejar cualquier duda es la transparencia.
Después de una investigación de la magnitud que rodea a los “Adicionales Truchos”, sería razonable que todos los organismos vinculados con la seguridad provincial revisaran sus sistemas internos de contratación, pagos, compras, adicionales, proveedores y rendición de cuentas.
La pregunta no debería ser solamente qué ocurrió en el caso investigado, sino también qué se está haciendo para evitar que vuelva a ocurrir en otro organismo del Estado.
Porque esperar a que aparezca una denuncia, una filtración o una investigación judicial para descubrir una eventual maniobra significa llegar demasiado tarde.
La prevención también es una obligación del Estado.
¿CUÁNTO CUESTA MANTENER EL SISTEMA PENITENCIARIO?
Sería importante conocer públicamente:
¿Cuál es el costo mensual promedio de mantener a una persona privada de la libertad en Entre Ríos?
¿Qué porcentaje del presupuesto se destina al personal?
¿Cuánto se destina a alimentación, salud, infraestructura y
mantenimiento?
¿Cuánto se invierte en reparación y construcción de unidades penales?
¿Cuál es el estado real de los establecimientos penitenciarios?
¿Cuáles son los principales proveedores?
¿Bajo qué procedimientos fueron contratados?
¿Cuántas licitaciones se realizaron?
¿Cuántas contrataciones directas existen?
¿Qué observaciones realizó el Tribunal de Cuentas?
¿Qué auditorías internas y externas se realizaron durante los últimos
años?
Estas preguntas no buscan desacreditar a ninguna institución. Por el contrario, apuntan a fortalecerla.
TRANSPARENCIA PARA TODOS
La transparencia no consiste únicamente en publicar un presupuesto. Significa permitir que los ciudadanos conozcan cómo se utilizan los recursos públicos y que los organismos de control puedan verificar que cada contratación, cada compra y cada gasto se ajusten a la ley.
En un Estado republicano no puede existir gestión sin rendición de cuentas.
El dinero administrado por el Estado pertenece a todos los entrerrianos y, por esa razón, su utilización debe estar abierta al control ciudadano.
Por ello, sería oportuno que el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos publiquen periódicamente la ejecución presupuestaria, las compras, las licitaciones, la nómina de proveedores, los informes de auditoría y las observaciones que pudieran formular los
organismos de control.
La transparencia no perjudica a los funcionarios que actúan correctamente; los protege.
También fortalece a las instituciones y desalienta cualquier sospecha de irregularidad.
No se trata de instalar sospechas. Se trata de formular preguntas legítimas que merecen respuestas oficiales.
Porque las cárceles también son parte del Estado.
Y donde hay recursos públicos, debe haber control.
Después del caso de los “Adicionales Truchos”, sería un grave error esperar a que aparezca otro escándalo para preguntarnos si los controles funcionaban.
Que no pase mañana en el Servicio Penitenciario lo que hoy se investiga en otros sectores de la seguridad publica provincial.
La mejor manera de evitarlo no es el silencio.
Es la auditoría.
Es el control.
Es la transparencia.
Y, sobre todo, es la rendición de cuentas.
Porque la confianza de la sociedad no se obtiene con discursos: se construye con información, controles y responsabilidad.
Ariel Heidenreich.
