DECISIÓN

11 de Febrero de 2021

La Cancillería sostiene las posturas de la Asamblea Ambiental y el Municipio y rechaza la ampliación de Kemira

Ayer venció el plazo que tenían las autoridades de nuestro país para comunicar su decisión al Gobierno uruguayo. Si en 180 días no hay acuerdo, la controversia podría terminar en La Haya.

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Según ha podido conocer extraoficialmente en las últimas horas, la Cancillería argentina habría resuelto rechazar –por incompleta e insuficiente- la documentación presentada por las autoridades uruguayas relacionada con el proyecto de ampliación del complejo químico ubicado en la Zona Franca de Botnia en Fray Bentos. El plazo para que Argentina se expidiera venció ayer, 10 de febrero.

Si bien en lo inmediato no está previsto que la Cancillería argentina haga pública la decisión adoptada, es esperable que haya un comunicado en los próximos días ya que todas las fuentes consultadas coinciden en el tenor de la medida resuelta. Ahora, y una vez que se produzca la notificación formal de las autoridades uruguayas, se abre el mecanismo previsto en el Estatuto del Río Uruguay, que fija un plazo de 180 días para que se resuelva la controversia.

Asimismo MAXIMA ONLINE confirmó que este miércoles, cerca de las 11 de la mañana y de manera virtual, tuvo lugar una reunión en la Cancillería, en la que participaron, entre otros funcionarios, el titular de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), José Eduardo Laurito y los vocales María Marta Insausti Urdapilleta y Rodolfo María Ojea Quintana.

También se pudo saber que, en las últimas semanas, los técnicos de la Delegación Argentina ante la CARU estuvieron elaborando un pormenorizado informe sobre la documentación aportada por Uruguay en relación al proyecto de ampliación de Kemira y que el mismo fue remitido a la Cancillería entre el jueves y viernes pasado. Ese informe, era necesario para la decisión que debía adoptar nuestra Cancillería.

La determinación de las autoridades argentinas refleja un claro apoyo a las posturas sostenidas, tanto por la Asamblea Ciudadana Ambiental como por el Municipio de Gualeguaychú, quienes desde 2018 vienen reclamando tanto en la Cancillería como en la CARU, que nuestro país no preste conformidad a la ampliación del complejo químico que abastece actualmente a la pastera de Fray Bentos.

Tanto la planta de Kemira como la de Linde ambas ubicadas dentro de la Zona Franca de Botnia, además de producir gases y sustancias necesarias para el proceso de fabricación de pasta de celulosa en Fray Bentos, también lo harán con la mega planta en construcción UPM 2, a orillas del río Negro.

Tanto para la ampliación de las instalaciones como para el consecuente incremento de la producción de insumos químicos destinados para la futura pastera finlandesa, es de inexcusable aplicación el Estatuto del Río Uruguay, que obliga al país en cuyo territorio se va a realizar una obra o emprendimiento industrial que, por su envergadura, es susceptible de afectar a dicho curso de agua, debe comunicarlo a su contraparte firmante del Tratado del Río Uruguay. En este caso, el vecino país presentó documentación relacionada al proyecto de ampliación en la Cancillería para que, después de ser analizado por la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), eventualmente se expidiera dando su aprobación.

Sin embargo, esto no es lo que ha ocurrido.

La respuesta argentina ha sido la de rechazar la documentación uruguaya por insuficiente e incompleta y ahora, se abre un período de 180 días, también previsto en el Estatuto del Río Uruguay, para que el vecino país presente el proyecto de ampliación de las plantas químicas de forma completa e integral de manera que pueda ser analizado convenientemente por los técnicos de la Delegación Argentina ante la CARU.

Una vez que la Cancillería uruguaya se notifique de la decisión argentina y en el marco del período de 180 días que comienza a correr, Argentina debe hacer el requerimiento formal Uruguay para que complete toda documentación atinente al proyecto que considere oportuna. Para hacerlo, nuestro país dispone de los primeros 30 días corridos del total de los 180, y si no lo hace perderá el derecho a reclamarlo posteriormente y deberá expedirse en base a la documentación con la que cuente.

En el caso de que Uruguay no aportara la documentación adicional exigida en tiempo y forma por nuestro país, se abren dos instancias más: una a cargo de los presidentes de las respectivas Delegaciones de Argentina y Uruguay ante la CARU y si persistiera el desacuerdo en dicho ámbito, el tema pasaría a ser resuelto por los Cancilleres de ambos países.

Todos estos procesos deben ocurrir dentro del plazo previsto de 180 días. Si se diese la circunstancia que los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, finalmente no llegaran a un entendimiento sobre la ampliación de las plantas químicas de Kemira y Linde de Fray Bentos, la controversia tiene un solo destino para su resolución definitiva: La Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Y como se sabe, eso ya ocurrió una vez.

MARIO BERMUDEZ


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