Ambiente virtual

La gravísima e inédita situación que vive el mundo en general y nuestro país en particular, azotados por la pandemia del COVID-19, impide que Gualeguaychú se movilice este año, como lo hace desde desde 2003, al Puente Internacional General San Martín, para recordar las nefastas consecuencias que está provocando la presencia ilegal de Botnia en la cuenca del río Uruguay, denunciando al mismo tiempo, el accionar cómplice de los gobiernos argentino y uruguayo que amparan un desastre ambiental que ya es de proporciones inusitadas. En consecuencia, este año, la Asamblea Ciudadana Ambiental propuso la realización de una protesta virtual.

Lo que puede ser interpretado por muchos como una iniciativa creativa, en realidad, no lo es tanto. Hace ya demasiado tiempo que la Asamblea Ciudadana actúa en modo virtual. El daño que provocaron en su seno quienes creyeron que el movimiento era solamente el corte de la ruta 136 o los excesivos personalismos de quienes no dudaron en utilizar para beneficio propio aquel impresionante sacudón ciudadano de Gualeguaychú - que para muchos aun es sociológicamente inexplicable- que trascendió fronteras, fueron algunas de las claves. La falta de un debate interno profundo y otros graves errores estratégicos, como la de no incorporar a su seno a la juventud, colaboraron a un desgaste y a una falta creciente de convocatoria que cada año se hace más notable.

Pero no es este el lugar ni el momento adecuados para analizar las causas ni para enumerar responsables –que los hay- de semejante deterioro, pero sería muy oportuno que alguna vez la Asamblea Ciudadana Ambiental hiciera –puertas adentro- una seria y real autocrítica, asumiera sus errores y abandonara la cómoda política de la simple denuncia vía comunicados y proclamas. Desde hace tiempo, además de los pronunciamientos son imprescindibles otras acciones que concrete en hechos, lo que se sostiene.

La pandemia de las plantas de celulosa en nuestra región puso y pone de manifiesto las miserias del capitalismo financiero. Los países europeos evitan la instalación de estas industrias en sus territorios y para no afectar la economía permiten que las grandes corporaciones del negocio pastero se instalen en países lejanos, saqueando sus recursos naturales y contaminando a mansalva cursos de agua, el aire que respiramos y dejando las tierras estériles e infecundas.

Un ejemplo de esto es la política del presidente de Brasil Jair Bolsonaro quien, en el marco de la crisis del COVID-19, exigió que las pasteras instaladas en aquel país no interrumpieran su actividad decretando la posibilidad de suspender los contratos de trabajo durante cuatro meses sin goce de sueldo a los trabajadores de estas industrias que pararan la producción.

Esta, y muchas otras decisiones como las que ha adoptado Uruguay respecto al funcionamiento de las plantas de Fray Bentos y Conchillas como así también la de permitir la continuidad de las obras de UPM2, están impulsadas por la lógica capitalista, cuyo objetivo es la maximización de las ganancias como si aquí no pasara nada.

Además de las irreparables consecuencias ambientales que generan con la contaminación que provocan constantemente,  la pobreza es uno de los principales resultados que producen las plantas de celulosa. Y esa pobreza es la otra cara de la extrema desigualdad de varios países de nuestro continente al aceptar que sus territorios sean colonizados por las corporaciones anacionales de la celulosa.

En 2019, los 2153 milmillonarios que había en el mundo poseían más riqueza que 4600 millones de personas. Esa elite incluye a los accionistas de la Corporación UPM y para ellos, el crecimiento de su riqueza es un cero más en sus cuentas bancarias. Aun si se redujeran sus riquezas en una décima parte, podrían seguir pagando cuantas mansiones, yates y lujos desearan. Mientras tanto, casi la mitad de la población de los países en donde está presente, vive con menos de 5,5 dólares por día.

La máxima expresión de la lógica capitalista es el neoliberalismo. Este dogma que hoy es la religión dominante en la República Oriental del Uruguay y esperemos que no lo siga siendo en Argentina, descansa sobre tres grandes premisas: El mercado es el mejor asignador de recursos, la meritocracia y la teoría del derrame.

La idea madre del neoliberalismo es que el mercado es el mejor asignador de recursos, y que por lo tanto la intervención del Estado en la economía debe reducirse a la mínima expresión. Cada individuo o cada país, buscando su propio beneficio individual contribuyen de la mejor manera posible a maximizar el beneficio social. Esta falacia se manifiesta en todos aquellos países que se desarrollaron en base a políticas proteccionistas en sus etapas tempranas de desarrollo, con un Estado activo que invirtió en sectores estratégicos, generando los incentivos para que el sector privado lo haga. Luego exportaron al mundo las ideas del libre comercio como la receta del éxito, y cuando no lograron convencer a los líderes de la periferia limitaron su margen de acción con una red de instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.

El imaginario neoliberal plantea que el éxito y su ausencia, es resultado exclusivo del esfuerzo personal. Sin embargo, una tercera parte de la riqueza de los milmillonarios, proviene de herencias. Mientras ven crecer cómodamente sus fortunas, el sistema se sostiene sobre empleos precarios y mal remunerados como los que paga Botnia a los “nativos” de los países donde está instalada. Nadie se ha preguntado, por ejemplo, porque tanto en las plantas de celulosa uruguayas como en las argentinas, prácticamente no existe el empleo de calidad para las mujeres. Es que la meritocracia está mediada por el género, el status social, la raza, las etnias y las nacionalidades.

El tercer mito del neoliberalismo es la teoría del derrame, que postula que una distribución de la riqueza regresiva, o sea más para los más ricos, es lo mejor para la sociedad. Como los que más tienen son los dueños de los medios de producción, si tienen más invertirán más y eso generará empleo y beneficiará al conjunto de la sociedad. Así se justifica la reducción de impuestos, la flexibilización laboral e incluso, la estatización de sus deudas. Todo esto es lo que han hecho los gobiernos uruguayos con Botnia.  En las tierras de Artigas, tan solo 4 centavos de cada dólar recaudado, provienen de los impuestos sobre la riqueza que embolsa la corporación finlandesa ya que en su país no podrían eludir el 30 por ciento de sus obligaciones fiscales como si lo hace en Uruguay.

Así es como opera Botnia: prioriza las ganancias exorbitantes de unos pocos finlandeses y accionistas de otros países por sobre la posibilidad de las mayorías uruguayas de tener una vida digna. Prioriza la producción sobre el cuidado y la sustentabilidad del ambiente.

¿Cómo se explica, si no, que contamine miles de litros de agua? ¿O que arrase con bosques esenciales para la vida con el fin de aumentar la superficie del monocultivo de eucaliptus? ¿O que decida instalar una segunda planta de celulosa en el Uruguay profundo para disimular el desastre que provocarán los nuevos efluentes que llegarán irremediablemente al río Uruguay?

Ante esta realidad que no es nueva, sino que está instalada desde hace muchos años en la cuenca del río Uruguay, no son muchos los que piensan en  qué producimos y cómo lo hacemos. Mucho menos se reflexiona en para qué y para quién o quienes se produce. Y si esa producción mejora nuestra calidad de vida o si simplemente reproduce un sistema de exclusión.

Pero la contaminación no corresponde tan sólo a las emisiones producidas por las pasteras o por las fábricas, la circulación de automóviles y los aviones. También la hay por fuentes biogénicas de la actividad agraria.

Está comprobado científicamente que las moléculas orgánicas que tienen fuentes biogénicas del campo, en combinación con el monóxido de nitrógeno, forman el ozono superficial. Y si algún “ilustre” ambientalista cree que esto es un invento o una aseveración sin fundamento de quien firma, humildemente le recomendaría que, en lugar de repetir peroratas remanidas, se tome el tiempo de consultar a la Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas de la Gerencia de Vinculación Tecnológica de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Precisamente la CONAE que, entre otras cosas, es la propietaria de la Estación de Monitoreo que la provincia de Entre Ríos desde hace años se niega a reinstalar –vía trabas burocráticas de toda índole-  y así medir la contaminación atmosférica transfronteriza que provoca la planta de celulosa instalada en Fray Bentos. Nada es casual.

Los recursos naturales alcanzan para que todos los habitantes de nuestra tierra accedan a una vida digna, sin hambre ni necesidades básicas insatisfechas. Pero para ello, debemos abandonar la actitud de pretender ser dueños de verdades incontestables y pensar en salidas colectivas. Es el momento de poner a la vida y al ambiente en el centro y desechar los grandilocuentes sermones de algunos figuretis que se llenan la boca diciendo que “la Asamblea no hace política partidaria” pero que practican sistemáticamente lo contrario.

Cuando se inició el histórico corte en la Ruta 136, Alfredo De Angeli, se subió a un acoplado para arengar a las masas, auto proclamándose como el ambientalista namber uan. Cinco años más tarde, retornó a las rutas argentinas para pronunciar una frase que quedaría para la historia: “El que quiere comer lomo que lo pague al precio que se exporta”, dejando así en evidencia sus verdaderas intenciones. Nunca fue ambientalista ni defensor de los intereses generales de todos los argentinos porque, siempre, prevaleció en su accionar la utilización política de cuanta organización lo tuvo como participante activo para llegar –inexplicablemente- a ocupar una banca en el Senado de la Nación.

Allí es donde demuestra su acreditada ignorancia para proponer la exclusión para gran parte del pueblo que dice representar. Hace rato ya que esta especie de jinete sin cabeza de los intereses de los poderosos –que ni siquiera ha sido capaz de donarle a la Asamblea Ciudadana Ambiental una computadora que no tiene-  debería haber sido repudiado como traidor y rechazado públicamente.

En suma: está muy bien que se cuestione sistémicamente el modelo de desarrollo que en nuestro país se expresa contra la megaminería, en las luchas contra las fumigaciones, Monsanto y el agronegocio y tambien en la resistencia al fracking de Vaca Muerta. Pero no alcanza solo con eso.

Está harto comprobado que los sucesivos gobiernos a ambas orillas del río Uruguay, han advertido claramente que mientras las organizaciones y ONG’s ambientales se entretienen con declamaciones, ellos avanzan como gerentes de las corporaciones extractivistas y contaminantes en base a la gran acumulación de riquezas y la no redistribución de la misma, que genera grandes pasivos ambientales, sanitarios y sociales de los cuales hoy estamos padeciendo las consecuencias. Basta solo con consultar las estadísticas que revelan el incremento de enfermedades oncológicas o afecciones respiratorias.

No se puede pensar entonces la salida a este problema sin tener una visión ambiental que permita desarrollar actividades sustentables que den trabajo, salud y futuro a los pueblos. Es inconcebible que en medio de una pandemia, el Gobierno de la Nación haya permitido las fumigaciones o los desmontes de bosque, como ocurre en Entre Ríos, Jujuy o Salta.

Nadie hace política ambiental con quien le gusta sino con quien le toca. Por eso, una ONG como la Asamblea, que se adjudica la agenda ambiental de las últimas décadas en Gualeguaychú y que promociona que se financia de donaciones de caridad, no puede ser que se abstenga de actuar concretamente ante la Justicia contra los sucesivos Estados que consintieron una fantochada de monitoreo en Fray Bentos, el aumento de la producción de esa misma pastera o la derogación de la denominada Ley de la Madera. O que no reclame para saber que es lo que está ocurriendo con la añeja causa originada por la denuncia del ex vicegobernador y senador nacional Pedro Guastavino contra Botnia.

Que se sepa, hasta ahora no hay noticia sobre alguna nueva denuncia ante la Justicia u otro organismo internacional ante semejantes estragos. 

¿Acaso percibe la Asamblea que esto lo hará el nuevo Ministro de Ambiente Juan Cabandié?

Es inaceptable que todavía no se haya reaccionado ante los estrados judiciales ante una Cancillería que se despachó, en octubre de 2019 y de forma oficial -en la cara de representantes de la propia Asamblea-, afirmando rotundamente que “Botnia no contamina”. Hay, por lo menos, cinco testigos presenciales de esa incalificable afirmación y se conoce quienes fueron los ex funcionarios que la profirieron. También resulta inadmisible que aún no se haya denunciado ante un Juez de la Nación, la infame gestión de la Delegación Argentina ante la CARU que presidió Mauro Vazón, que consensuó reformar el Digesto del Río Uruguay para facilitarles la contaminación a los finlandeses.  

¿Acaso cree la Asamblea que todo esto lo hará el actual Canciller Felipe Solá?

A diferencia de otros movimientos ambientales que han cruzado ejemplarmente las políticas que implementa el actual gobierno de Entre Ríos en la cuestión de las fumigaciones en las escuelas rurales, en Gualeguaychú hay una inacción que, en la práctica, denota una postura sumisa hacia un problema de dimensiones extraordinarias que requiere reacciones extraordinarias.

No se puede andar mendigando reuniones con un gobernador como Gustavo Bordet o con sus funcionarios para hablar de la ley de la madera, de la utilización del transporte terrestre para la exportación de rollizos de madera a Fray Bentos o de la estación de medición atmosférica, de los basureros a cielo abierto o de la contaminación de los ríos como el Gualeguaychú, porque ninguno de ellos tiene autoridad moral ni, mucho menos, estructura mental para hablar de ambiente o algo que se le parezca.

Es el momento de poner estas cuestiones en un punto de inflexión.  Deberíamos tomar conciencia de los recursos naturales y nuestra relación con el entorno para poder generar políticas en diferentes espacios como el energético, el productivo, la educación y la salud para crear las condiciones para un desarrollo sostenible real y abandonar la inerte senda de la inacción.

Muchas de estas ideas no debieran ser parte de la virtualidad. Pero sí son parte probable de una proclama que hoy no se leerá.