Filardi: "Los municipios deben generar legislación en materia de salud y ambiente para garantizar los derechos humanos"

Meses atrás, el abogado y docente universitario Marcos Filardi, especialista en Soberanía Alimentaria y Derechos Humanos, mantuvo una reunión con los concejales de la ciudad, en la que disertó centralmente sobre sistema internacional y estándares de protección de los derechos humanos y su relevancia a la hora de legislar sobre el uso de agroquímicos.

En este sentido, Filardi comenzó su exposición describiendo a nivel general las obligaciones de los Estados en todos sus niveles, al respecto de la obligación de proteger, garantizar y adoptar medidas efectivas para la realización de los derechos humanos, resaltando entre ellos el derecho a la vida como derecho complejo, que incluye a otros: salud, alimentación adecuada, educación, ambiente y hábitat saludable.

De acuerdo a lo que planteó Filardi, "estamos hablando de una problemática general en nuestro país. El 75% de la superficie cultivable está destinada cultivos transgénicos basados en la aplicación sistemática de agroquímicos, y está suficientemente probado por numerosas investigaciones científicas avaladas internacionalmente que el glifosato y los agroquímicos son altamente riesgosos para la salud."

Asimismo, resaltó informes de carácter internacional que dan cuenta de la problemáticas de los agrotóxicos a nivel mundial. "Según la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación para las Naciones Unidas, unas 200 mil personas en el mundo mueren por año por intoxicación aguda como consecuencia de este modelo agroindustrial dominante basado en los agroquímicos". En este mismo sentido agregó que "en el informe la Relatoría también señala el impacto de intoxicaciones crónicas. Y a su vez sugiere que la agricultura debe apostar a la producción de alimentos sin utilizar químicos". De esta forma, afirmó la necesidad de abandonar el actual modelo y avanzar hacia un modelo agroecológico.

Filardi destacó jurisprudencia nacional que sustenta la potestad de los Estados locales para legislar sobre la problemática de agroquímicos, y recuperó las experiencias de otros Municipios en la regulación del uso de plaguicidas. "Los Estados locales, por conocer las prácticas productivas y ambientales de cada territorio deben generar legislación y políticas públicas en pos de garantizar y hacer efectivos los derechos humanos".