Arranca el juicio al suegro de un vocal del STJ por crí­menes de la dictadura

Está acusado de integrar una patota que secuestró y torturó a una militante social en 1976. Se encuentra detenido en la cárcel de Paraná, pero presiona para que le concedan el arresto domiciliario.

A partir del 24 de marzo de 1976, el régimen militar puso en práctica operativos tendientes a anular toda forma de oposición. Gran cantidad de personas fueron secuestradas por grupos de personas uniformadas o vestidas de civil, pertenecientes a las fuerzas armadas y policiales.

En ese tiempo, la Policía de Entre Ríos estaba bajo el control operacional del Ejército y se abocó al plan sistemático de represión clandestina e ilegal, constituyéndose en un engranaje central dentro del esquema represivo porque sus integrantes eran quienes realizaban las detenciones ilegales, traslados y alojamiento de esas personas en comisarías o casas operativas, donde permanecían en condiciones deplorables, con deficiente o nula alimentación, privados de toda higiene y padeciendo amenazas, golpes, vejaciones y torturas a toda hora.

El cuarto juicio por delitos de la dictadura que comienza mañana en Paraná tiene la característica de ser el primero contra un integrante de la patota de la Policía de Entre Ríos, Atilio Ricardo Céparo.

El Tribunal Oral Federal de Paraná lo juzgará por los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y/o sin las formalidades previstas por la ley y/o desempeñando un acto de servicio y en esa situación cometiera acto de vejación o aplicare apremios ilegales o imposición de tormentos contra una mujer, a la que secuestró de su lugar de trabajo en 1976.

Durante los días 26, 27, 28 y 30 de septiembre prestarán declaración como testigos 26 personas, entre ex detenidos políticos, policías, médicos, militares y una hija del imputado; y luego de las testimoniales se realizará una inspección judicial en la Jefatura Central de Policía, en calle Córdoba 351, donde la mujer asegura haber sido sometida a torturas con picana eléctrica.

El tribunal estará integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros; el fiscal será José Ignacio Candioti; los querellantes serán Marcelo Boeykens y Sofía Uranga; y Céparo tendrá como defensor a José Esteban Ostolaza.

*Secuestro y torturas en la jefatura

La causa se inició a raíz de la denuncia que presentó una mujer que dijo haber sido secuestrada por tres policías provinciales –entre los que estaba Céparo– el 23 de septiembre de 1976, en horas de la mañana, del Sanatorio La Entrerriana, donde ella trabajaba como enfermera, y la trasladaron en un automóvil Ford Falcon, primero a la Jefatura Central de Policía y luego a la Comisaría Quinta.

La participación de Céparo en la detención ilegal de la mujer fue revelada por un hombre que se encontraba en los pasillos del sanatorio y lo conocía porque ambos vivían en La Paz, tal como lo declaró en sede judicial.

De acuerdo con la acusación, la detención de la mujer se realizó sin ningún motivo, tampoco se cumplieron las prescripciones legales, no fue dispuesta por un juez ni tampoco se comunicó del arresto de la mujer a ninguna autoridad.

Incluso, la detención ilegal se produjo al día siguiente de que una patota policial se llevara a una amiga de la casa en la que ambas vivían, en Paraná.

Según su testimonio, la mujer permaneció seis días en la Comisaría Quinta, hasta que Céparo se presentó nuevamente y pidió por ella para trasladarla otra vez a la jefatura –lo reconoció por haber escuchado que se identificaba con su nombre en la guardia–, donde fue sometida a interrogatorios bajo torturas con picana eléctrica. En esa ocasión, estando acostada en una parrilla, también alcanzó a ver a Céparo a través de un hilo de luz que había en la venda que le cubría los ojos, cuando le ataba los pies al borde de la cama.

Céparo fue detenido el 18 de diciembre de 2014. En su descargo, negó su responsabilidad, aseguró que “la orden de detención provino de una autoridad superior”, que se produjo sin violencia y “a la vista de todo el mundo”, y que la mujer no fue trasladada a ningún centro clandestino de detención, sino a una comisaría.

*Perfil del acusado

Atilio Ricardo Céparo, de 67 años, nació en Hasenkamp, departamento Paraná. En 1976, cuando se produjo el secuestro de la mujer por el cual ahora será enjuiciado, era oficial ayudante de la Policía de Entre Ríos y se desempeñaba en la División Despacho de la Jefatura Departamental de Paraná, según consta en su legajo personal.

Céparo quedó cesante de la Policía a partir del 24 de julio de 1981, tras un sumario administrativo en el que fue acusado de haber cobrado indebidamente multas en nombre del Estado. En 2003 presentó un recurso de gracia pidiendo su reincorporación al cuadro de oficiales de la Policía. En ese momento invocó “la difícil situación económica que atraviesa” y dijo que el sumario había sido “arbitrario y viciado de nulidades”. El gobierno de Sergio Montiel rechazó el recurso en noviembre de 2003 y la medida fue confirmada en abril de 2005 por Jorge Busti.

Luego de su cesantía fue chofer de ambulancias y de una cochería de servicios fúnebres de La Paz. Hasta su detención, se desempeñaba como chofer del STJ, cargo para el que había sido propuesto por Castrillón.

*Quiere irse a la casa

El ex policía se encuentra detenido en la unidad penal y tanto el juez como la Cámara Federal y después el tribunal oral rechazaron su excarcelación por la existencia de “riesgo procesal”, a raíz de las intimidaciones que sufrió el testigo que lo reconoció como uno de los policías que secuestró a la mujer en el Sanatorio La Entrerriana, aquella mañana de septiembre de 1976.

Sin embargo, al juicio se llega con un planteo no resuelto sobre un pedido para que Céparo reciba el beneficio del arresto domiciliario por razones de salud. Médicos particulares aseguran que padece problemas cardiológicos derivados de una lesión arterial; pero esto ha sido desvirtuado por informes elaborados por profesionales del Servicio Penitenciario y también por el médico de la Cámara Federal de Apelaciones, José Luis Kot, que aseguran que puede ser tratado en la cárcel.

Incluso el fiscal Candioti manifestó su oposición a que el ex policía fuera enviado a su casa, primero porque “no está acreditado que no pueda ser debidamente tratado” en la cárcel, pero además porque la normativa establece que “si no puede ser cuidado en la unidad penal, debería ser atendido en un hospital”.

No obstante, el tribunal ha solicitado la opinión de peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo esto en medio de fuertes presiones de funcionarios de la justicia provincial para que Céparo sea enviado a su casa.

Fuente: El Diario. Juan Cruz Varela.