Qué está a punto de acordar Argentina con el Fondo Monetario

El preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye una serie de ajustes presupuestarios camuflados bajo el concepto “racionalización del gasto”. El Gobierno reconoce la dificultad del contexto internacional para sumar la cantidad de dólares necesarios que permitan satisfacer al FMI y promover, al mismo tiempo, un crecimiento sostenido. Quizás sea por eso que estipulan un crecimiento del PBI entorno al 1,7 por ciento en el mediano plazo. El borrador fue enviado a las principales autoridades del Congreso y al Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el pasado 12 de febrero.

El Gobierno aspira con poder anunciar la firma del Acuerdo el 1° de marzo, en la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, antes del vencimiento de la próxima cuota de más de 2800 millones de dólares que habría que pagarle al FMI el 22 de marzo. El nuevo cronograma contempla desembolsos que coincidirán con las obligaciones ya tomadas, para que su efecto en la balanza de pagos sea neutro. Los nuevos giros, que serán devueltos a partir de 2026, serán precedidos por misiones técnicas del FMI para verificar que se cumplan las metas prometidas.

Sin embargo, el debate se centra en si serán factibles de alcanzar las duras condiciones pactadas, que obligan a bajar el déficit primario del 3,3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) proyectado para este año al 0,9 por ciento en 2024 y eliminar para ese momento, la asistencia monetaria del Banco Central, que llegó al 3,7por ciento del PBI el año pasado.

Como parte de lo negociado, el Poder Ejecutivo también se comprometió a enviar modificaciones legislativas, entre ellas la Ley Penal Cambiaria, Defensa de la Competencia, lavado de activos y un régimen de beneficiarios finales. El Banco Central desalentará el uso de criptomonedas.

 “Las mejoras en las finanzas públicas se lograrán a través de un paquete equilibrado de medidas de ingresos y gastos, mientras se garantiza que el crecimiento del gasto (después de excluir el gasto extraordinario de COVID) siga siendo positivo en términos reales”, explicita el borrador del Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera acordado con el FMI. Dos párrafos más abajo lo ratifica: “Dentro de nuestro enfoque balanceado de la política fiscal, estamos comprometidos a mantener un crecimiento real positivo del gasto y mejorar la eficiencia y progresividad del mismo, particularmente en las áreas de asistencia social, ciencia y tecnología e inversión pública”.

• JUBILACIONES

La rebaja de subsidios a los servicios públicos y la suba del gasto de capital prácticamente se compensan. Los subsidios caen un 0,6% y el gasto de capital sube un 0,5%. Respecto al tema previsional, el acuerdo explicita que “el gasto en jubilaciones y pensiones se guiará por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a fines de 2020”. Y agrega: “Sobre la base de esto, realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional, enfocándose, en la evaluación de los regímenes especiales previsionales”. No habrá reforma previsional pero sí se reformularán los regímenes especiales de Jueces y Diplomáticos, quienes podrían perder sus privilegios y no habrá cambios en el régimen previsional de los docentes. El Gobierno se compromete a “analizar la posibilidad de una extensión voluntaria de la vida laboral”.

• GASTO Y SALARIOS PÚBLICOS

El otro artículo importante es el referido a las partidas destinadas a las provincias y a la masa salarial de empleados estatales. El acuerdo asegura una suba real ligada al crecimiento económico. El Poder Ejecutivo se compromete con  el FMI a “limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con la mejora de la actividad”. La pauta de la evolución salarial del sector público se ajustaría a la evolución del producto, un compromiso para no alterar la distribución del ingreso. Es decir, que los salarios solo crezcan por productividad, con la intención de convertirse en una política rectora para el sector privado.

• RECAUDACION IMPOSITIVA

Por otro lado, el borrador de Memorándum de entendimiento estima una mayor recaudación: “En el área de administración tributaria, nuestra Agencia tributaria AFIP ha desarrollado un Plan Estratégico para el 2021-2025, para abordar los altos niveles de incumplimiento, mejorar la prestación de servicios de la AFIP y fortalecer las capacidades de tecnología de la información. Publicaremos este plan a fines de marzo del 2022. En este contexto, y con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, desarrollaremos un plan de acción detallado y con plazos definidos, centrado en identificar brechas de cumplimiento y mejorar la gestión de riesgo de cumplimiento de impuestos y aranceles aduaneros internos. Los rendimientos de estas reformas administrativas podrían alcanzar el 1 por ciento en el mediano plazo y comenzar a dar frutos a partir del próximo año en el orden del 0,3 por ciento del PIB neto de coparticipación".

• REVALUO INMOBILIARIO

En otro aspecto referido al capítulo de la Recaudación Impositiva, el acuerdo prevé un revalúo del precio de las propiedades. “Se esperan mejoras adicionales para garantizar que las valoraciones de las propiedades inmuebles reflejen mejor sus valores reales. Para ello, en estrecha coordinación con Gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal a fin de que comiencen a regir a partir del Ejercicio Fiscal 2022. Los rendimientos netos de Coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1 por ciento del PIB para el Año Fiscal 2022 y un 0,2 por ciento adicional del PIB durante los próximos años”, señala el acuerdo. Se enfocará en 400 mil contribuyentes por un total de 579 mil inmuebles urbanos que son declarados anualmente en el impuesto a los Bienes Personales.

• POLITICA CAMBIARIA

El compromiso directo acordado entre Argentina y el FMI es el mantener una tasa de variación del tipo de cambio real positiva (es decir, descontado el efecto de la inflación), para lo cual acelerará el actual ritmo de suba de la divisa según el aumento que exhiban los precios internos. La referencia será el actual tipo de cambio real medido a enero de 2022: "La tasa de variación del tipo de cambio oficial preservará la competitividad al mantener el tipo de cambio efectivo real en general sin alteraciones en relación con los niveles de finales de enero de 2022".

Esto deberá ser acompañado, algo que también incluye el texto, de estímulos para el ahorro en pesos. En ese sentido se analiza elevar los límites máximos de las tasas de interés de los bancos en ciertos instrumentos de crédito regulados y los límites mínimos de las tasas en determinados depósitos bancarios regulados.

• RESERVAS Y POLITICA MONETARIA

"Calibraremos nuestra administración cambiaria para asegurar la estabilidad a mediano plazo del tipo de cambio efectivo real y apoyaremos la acumulación de reservas. Para ayudar a que se logren los objetivos de acumulación de reservas en el marco del programa, la tasa de variación del tipo de cambio oficial preservará la competitividad al mantener el tipo de cambio efectivo real en general sin alteraciones en relación con los niveles de finales de enero de 2022". Por su parte, asegura que se mantendrán las "intervenciones en el mercado oficial, las cuales serán coherentes con el objetivo de acumulación de reservas, teniendo en cuenta la variabilidad que proviene de la estacionalidad y de episodios temporales de volatilidad excesiva".

También se limitará la intervención del Banco Central en el mercado de futuros, por su alto costo en pesos (emisión). "Limitaremos nuestra intervención en el mercado a término sin entrega de instrumentos a aquellas circunstancias en las que se requiera orientación en el marco de política monetaria", detalla.

• MODIFICACIONES LEGISLATIVAS

Dentro del paquete legislativo, además de las leyes de Promoción de Inversiones para la agroindustria, hidrocarburos y automotrices (que solo sumarían 1000 millones de dólares extra hasta 2030 según el documento bajo análisis), el Gobierno se comprometió a realizar determinadas modificaciones en varias leyes: Defensa de la Competencia, el Régimen Penal Cambiario y la normativa contra el lavado de activos.

Los cambios que sufriría la Ley de Defensa de la Competencia tienden a “fomentar la actividad inversora y la creación de empleo en el sector privado”, para lo cual el Gobierno le dice al FMI que “estamos avanzando en el proceso de creación de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) en línea con la Ley de Defensa de la Competencia”. El objetivo sería que la ANC esté conformada para junio de este año, luego de que sus autoridades sean confirmadas con pliegos aprobados por el Senado.

Asimismo, se reforzarán los controles sobre las maniobras especulativas. Se buscará "impulsar nuestra supervisión y aplicación de las medidas de control cambiario mediante (una mejor recopilación de datos y un mejor seguimiento de las operaciones; y una mejor coordinación entre los organismos pertinentes (BCRA, AFIP, Aduanas) para optimizar la detección de fraudes". En consulta permanente con el staff del FMI, el Gobierno también se comprometió a modificar la legislación vinculada al lavado de activos.

Según lo redactado, se pondría foco en el fortalecimiento del régimen sancionatorio, el registro de las entidades declarantes sujetas a las obligaciones de las normas antilavado, como así también una actualización de la información sobre la identidad del beneficiario final dentro de los registros de las empresas. El compromiso asumido es presentar los cambios normativos en abril de este año para que puedan ser analizados durante el período de Sesiones Ordinarias 2022 del Congreso.

A su vez, para salvaguardar la estabilidad financiera, el Gobierno adoptaría medidas para desalentar el uso de criptomonedas “con miras a prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación”.

Se introducirán modificaciones al Régimen Penal Cambiario a través de un proyecto de ley que se elevará al Congreso Nacional este año: “La propuesta de modificación al Régimen Penal Cambiario se presentará al Congreso a más tardar en diciembre de 2022. Además, se examinará la posibilidad de ampliar las facultades del BCRA para regular y supervisar un conjunto más amplio de transacciones que afectan a la balanza de pagos de Argentina”, puede leerse en el documento base del acuerdo con el FMI.