La Asamblea responsabiliza a legisladores y gobierno de Entre Rí­os por la derogación de la norma

A raíz del inminente tratamiento sobre la derogación a la Ley de la madera, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, informa que toda la comunidad de Gualeguaychú se expresó oportunamente, responsabilizando a los legisladores provinciales como también al Gobierno provincial, que impulsó el proyecto, sobre las consecuencias que dicha derogación producirá. El texto del pronunciamiento de la Asamblea, es el siguiente:

“A la Legislatura y Gobierno de la Provincia de Entre Ríos:

La comunidad de Gualeguaychú a través de todas sus manifestaciones sociales afectadas por la presencia de industrias pasteras en la zona, expresan conjuntamente su disconformidad por el proyecto de modificación de la Ley Provincial Nº 9759. Se pretende derogar la prohibición de exportación de madera en rollizos y chips con destino a las plantas de elaboración de pasta de celulosa de la República Oriental del Uruguay.

El sector maderero ha invocado una caída en la actividad con el único propósito de derogar la prohibición existente en esa norma, que impide proveer de manera directa o indirecta de materia prima de origen provincial, a las industrias contaminantes instaladas o a instalarse en la República Oriental del Uruguay. Sin embargo está demostrado que el descenso de la actividad arranca de varios años atrás y en eso no ha tenido influencia la Ley Nº 9759.

Si bien se enarboló como argumento que se diseñaría un nuevo “plan foresto industrial”, lo concreto es que se ha exhibido hasta el momento un afán puramente economicista, que resulta entendible pero que debe armonizar con la defensa del ambiente. La definición de ese plan de desarrollo “foresto industrial” debería ser el punto de llegada y no el de partida, dónde una mirada conjunta de todo Entre Ríos contemple un desarrollo sustentable donde la inversión no afecte nuestros recursos naturales. Lamentablemente acá se toma una definición de entrada –la derogación de la Ley 9759- sin que se hayan ponderado los legítimos planteos ambientales que obligaban a actuar con una mirada más rica y abarcativa.

La referida prohibición que se quiere levantar fue sabiamente sancionada hace diez años, con la finalidad de “preservar los derechos ciudadanos a un ambiente sano” (art. 41, Constitución Nacional). La medida derogatoria impulsada atenta contra la obligación del Estado de fijar “la política ambiental” y de “garantizar la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad”. Entre esas obligaciones del Estado está la de asegurar la “preservación, recuperación, mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores biológicos y la conservación de la diversidad biológica” (art. 83, Constitución de Entre Ríos).

La prohibición que se busca hacer caer veda en forma directa o indirecta de materia prima de producción provincial a industrias contaminantes instaladas o a instalarse en la República Oriental del Uruguay, como ocurrió con Botnia (UPM), y otras. Se trata de una medida legítima y acorde con las obligaciones y garantías consagradas –como vimos- tanto en la Constitución Nacional como Provincial.

El mandato legislativo que se quiere dejar sin efecto significó un avance. Una reivindicación legítima que buscaba una respuesta del Estado para mitigar el perjuicio que ocasionan ese tipo de industrias a la región. La situación hoy, lejos de mejorar, ha empeorado con el incremento de producción de pasta de celulosa con el consiguiente aumento de la contaminación.

La eliminación de esa restricción –fijada a la manera de las “prohibiciones no económicas” establecidas en el art. 610 inc. h, del Código Aduanero- acarrearía: a) el agravamiento de la contaminación con el impacto que eso provoca a la salud de la población y a la biota de la zona del río Uruguay; b) un comercio cautivo de esas mega-empresas con el consiguiente desabastecimiento a aserradores existentes y su irremediable desaparición; c) el traspaso y concentración de la propiedad de la tierra en cabeza de grandes corporaciones internacionales con la asfixia hacia el pequeño y mediano productor; d) la migración de ese núcleo productivo a los cordones de pobreza que rodean a las grandes ciudades; e) la implementación virtual de un monocultivo con el daño –entre otras cosas- a las napas de agua seguramente afectadas.

Por otra parte, significaría una contradicción que el Estado Provincial autorice este tipo de exportaciones, cuando por otro lado el Estado Nacional tiene una instancia judicial abierta por ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La modificación legislativa planteada a la que nos oponemos, acarrearía un debilitamiento de nuestra posición. Ya que equivaldría a renunciar a reclamos asentados razonablemente en la defensa del ambiente y simultáneamente habilitar exportaciones dirigidas a beneficiar a empresas como Botnia-UPM cuya ilegalidad ha tenido reconocimiento internacional y que además afecta el ambiente, como se ha demostrado por informes de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporados a la causa por violación a la Ley 24.051 abierta por ante el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay.

Esas razones entre otras, nos llevan a pedir a la Legislatura Provincial y al Gobierno de Entre Ríos que no se reforme la Ley de la Madera. Entendemos que gobernar es ver la globalidad y que en esa globalidad se encuentra la población de esta región del planeta, que no quiere ver agredido su ecosistema, al que se debe proteger con un uso racional y sustentable de los recursos naturales. Proponemos orientar la producción forestal a variantes creativas que le agreguen valor a la materia prima, produzcan empleo y fortalezcan un desarrollo sustentable y saludable, en lugar de degradar nuestra tierra, nuestro aire y nuestra agua”.