La ONU revela que 200 mil personas por año mueren a causa de los agrotóxicos

“Hemos llegado a un punto de inflexión en la agricultura. El modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático, no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria”.

Así se pronunció el mayor organismo de Naciones Unidas (ONU) referido al derecho a la alimentación. En un duro informe oficial, desmintió que los agrotóxicos sean necesarios para producir alimentos, los responsabilizó por la muerte de al menos 200 mil personas al año, denunció el lobby empresario y confirmó el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente.

El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación es el ámbito especializado de la ONU para abordar la situación del acceso a los alimentos, nutrición, modelos productivos y necesidades, desde una perspectiva de derechos humanos y multidisciplinario. Al frente está la especialista turca Hilal Elver, que presentó su último documento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“La producción agrícola se ha incrementado. Ello se ha logrado a costa de la salud humana y el medio ambiente, y al mismo tiempo el aumento de la producción no ha logrado eliminar el hambre en el mundo. La dependencia de plaguicidas es una solución a corto plazo que menoscaba el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud de las generaciones presentes y futuras”, afirma el escrito de la ONU.

Asimismo desmiente que sean necesarios agrotóxicos y transgénicos para acabar con el hambre, como suelen publicitar las empresas como Bayer-Monsanto, Dow-Dupont y Syngenta-ChemChina: “Sin utilizar productos químicos tóxicos, o utilizando un mínimo de ellos, es posible producir alimentos más saludables y ricos en nutrientes, con mayores rendimientos a largo plazo, sin contaminar y sin agotar los recursos medioambientales”.

El “Informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación”, contó con la redacción del Relator Especial de Sustancias y Desechos Peligrosos, precisa que al menos 200.000 personas mueren al año por intoxicación aguda y el 99 por ciento suceden en países en vías de desarrollo.

El trabajo confirma los efectos de los agrotóxicos en la salud, hecho negado sistemáticamente por las empresas y periodistas especialistas del agro. “Las mujeres embarazadas que están expuestas a plaguicidas corren mayor riesgo de sufrir abortos espontáneos y partos prematuros, y sus bebés, de sufrir malformaciones congénitas. Estudios han constatado la presencia de diversos plaguicidas en el cordón umbilical, probando la existencia de una exposición prenatal”, afirma el trabajo y específica que la exposición a plaguicidas de las mujeres embarazadas lleva aparejado un mayor riesgo de leucemia infantil, autismo y problemas respiratorios.

Otros efectos en la salud que confirma son cáncer, Alzheimer, Parkinson, trastornos hormonales, problemas de desarrollo, neurológicos y esterilidad.

Los especialistas de Naciones Unidas no tienen dudas de que los agrotóxicos “implican un costo considerable para los gobiernos y tienen consecuencias desastrosas para el medio ambiente, la salud humana y la sociedad en su conjunto, afectando a los derechos humanos”. Y remarca: “Las investigaciones científicas confirman los efectos adversos de los plaguicidas”.

El informe de Naciones Unidas también da cuenta del accionar de las empresas en el ámbito científico, donde tienen llegada a ministros, secretarios, universidades y financia grupos de investigación: “Las empresas a menudo ponen en tela de juicio las pruebas científicas de los peligros asociados a sus productos. Las compañías han sido incluso acusadas de fabricar pruebas deliberadamente para infundir incertidumbre científica y retrasar las restricciones. También se han formulado acusaciones graves de que se ha ‘comprado’ a científicos para que reformulen los aspectos clave del debate relativo a este sector”.

Por contraparte, denuncia que los científicos que dan a conocer riesgos para la salud y el medio ambiente en detrimento de los intereses de las empresas “pueden ver su reputación, e incluso su propia persona, gravemente amenazadas”.

Al mismo tiempo, el documento apunta al rol de las grandes empresas productoras ya que  “Existe una negación sistemática, alimentada por la agroindustria y la industria de los plaguicidas, de la magnitud de los daños provocados por estas sustancias químicas, y las tácticas agresivas y poco éticas empleadas en el ámbito de la mercadotecnia”.

Toma como referencia la situación del glifosato, utilizado en la producción de soja transgénica, maíz y algodón, entre otros. “Ha sido presentado como menos tóxico que los herbicidas tradicionales pero existe una considerable división de opiniones acerca de su efecto. Estudios han señalado efectos negativos en la diversidad biológica, la flora y fauna, y el contenido en nutrientes del suelo. En 2015, la OMS anunció que el glifosato era un probable cancerígeno”.

Y recuerda que los estudios de toxicidad de las empresas “no analizan los múltiples efectos crónicos relacionados con la salud (solo abordan los efectos agudos, de corto plazo)”.

El Relator de Derecho a la Alimentación es uno de los pocos espacios de Naciones Unidas que no es dominado por el lobby de las empresas transgénicas. El informe precisa que las empresas Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina dominan el 65 por ciento de las ventas mundiales de agrotóxicos y el 61 por ciento del mercado de semillas. “Las transnacionales ejercen un extraordinario poder sobre la agenda regulatoria, las iniciativas legislativas y la investigación agroquímica a nivel mundial”, advierte.