A través de un trabajo en conjunto entre la Dirección de Rentas y la Dirección de Consorcios y Comisiones Vecinales se intimaron a 463 consorcistas morosos adjudicado a 37 obras que se realizaron en los últimos cuatro años correspondiente a ampliación de red de servicios de agua y cloaca y pavimento.

“La Dirección de Consorcios y Comisiones Vecinales me manda un expediente con los contribuyentes afectados en esa obra y nosotros intimamos al vecino que no concretó el pago de ese consorcio”, explicó el director de Rentas Atilio Bernigaud.

Desde el momento de la notificación, el vecino moroso tendrá un mes de plazo para acercarse a Rentas de la Municipalidad y acordar su plan de financiación para la cancelación de deuda una vez que ésta pasa a ser exigible.

“Es a partir de la fecha de vencimiento cuando la deuda comienza a hacerse exigible, si el contribuyente viene y cumple a través de un plan de pago se regulariza su situación, de no cumplirse comienzan a generarse intereses resarcitorios”, explicó.

Desde el momento que se conforma un consorcio en un barrio para la extensión de la red de agua potable, cloacas o pavimento, se debe conformar una comisión directiva, integrada por un presidente, secretario, tesorero entre otros. Estos hacen un pedido de factibilidad de obra a Planeamiento Municipal, donde los técnicos sacarán el total de materiales que deberán comprarse para la obra y lo que cada vecino tendrá que pagar por metro de frente de su vivienda.

No obstante muchas veces el individualismo y el interés personal prima más que el bien común y algunos vecinos deciden no participar de ese esfuerzo vecinal para lograr mejoras en el barrio.

En la instancia de conformación del consorcio, al vecino sólo se le pide el ciento por ciento de los materiales que serán empleados en la mejora, mientras que el municipio, se hace cargo de los costos correspondiente a la mano de obra y maquinaria empleada. Generalmente es el consorcio que establece las cuotas mensuales para la compra de materiales y el valor es fijado de acuerdo a las posibilidades económicas de cada frentista.

Aquel vecino que se niega en esa instancia a participar del consorcio, el municipio se hará cargo de sus metros de frente, pero luego se lo cobrará como contribución por mejora, costándole hasta tres veces más de lo que le hubiera salido si hubiese integrado el consorcio, porque se le cobrará el costo de materiales, desgaste del equipo vial y mano de obra.

“El consorcista moroso tiene la posibilidad de pagar su deuda al contado o se tiene la alternativa de hacer un plan de pago que hoy el vigente es el 10 por ciento del total de la deuda como anticipo y luego tendrá hasta 29 cuotas con un interés del 12 por ciento anual, con vencimiento el 15 de cada mes”, dijo el funcionario según informó El Argentino.

En casos de vulnerabilidad social o de jubilados el código tributario contempla esas situaciones y da mayor flexibilidad a la hora de hacer un plan de pago.

“Estas situaciones, se canalizan a través de Desarrollo Social, para que una asistente social le haga una visita en el hogar y a través del informe elaborado se determinará en qué condiciones está ese contribuyente”.

En el último año se hicieron intimaciones de hasta 25 mil pesos por obra de pavimento que de no regularizarse una vez que se vence el plazo para que la deuda se convierta en exigible, tres meses después comenzará el circuito administrativo de fiscalización e intimación de cobro. De persistir la negativa del contribuyente a reconocer esa deuda, el caso pasa a asesoría legal del municipio para que se le de curso a un posible embargo de la vivienda, para privar a su propietario de la disponibilidad del bien, aunque podrá seguir ocupándolo como vivienda. En otros casos se podría llegar a pedir la inhibición general de bienes.

“Este año llevamos 120 inicios de juicios de apremios, nuestra política tributaria es hacer que el buen contribuyente se sienta beneficiado”, remarcó Bernigaud.

El monto total de la morosidad de los 463 frentistas estimados es de $ 2.176.610, lo que ya se cobró el 37 por ciento es decir 805 mil pesos, mientras continúan los trámites administrativos para seguir intimando a morosos a que cancelen sus deudas por mejoras a través del sistema de consorcios.

Fuente: (APF.Digital)