Alrededor de mil vecinos de Gualeguaychú cortaron este domingo la ruta internacional 136 -desde las 16,30 hasta las 18-, para advertir a los gobiernos de Argentina y Uruguay que “en sus manos está finalizar el conflicto, que no ha terminado”.

La Asamblea Ciudadana Ambiental reiteró que “mientras BOTNIA-UPM siga allí envenenando nuestra región el conflicto seguirá abierto”, y denunció que el monitoreo binacional que se inicia en estos días “es para que Botnia se quede”.

A las 16,45, la asambleísta Paola Robles, impulsora de la nueva protesta, leyó la proclama en Arrroyo Verde, paraje de la ruta internacional 136, en el marco del reinicio de las acciones contra Botnia-UPM-UPM.

Decenas de efectivos de Gendarmería Nacional al costado de la ruta, dos camionetas y un helicóptero de la fuerza sigieron de cerca los movimientos de los vecinos, que llegaron desde la ciudad, ubicada 20 kilómetros al sur.

La Asamblea denunció que el monitoreo acordado entre los gobiernos de Argentina y Uruguay “iguala a la ilegal a la empresa ilegal Botnia con otros emprendimientos al margen del río”, y disparó que el plan binacional “no resuelve el conflicto, es discontinuo y no cumple con la sentencia impartida a los estados por la Corte de La Haya”.

La asambleísta Paola Robles recordó que el 19 de junio se dispuso la tregua en el corte de ruta, al resaltar que “seguimos sin soluciones. Hicimos el gesto, corporizamos nuestra voluntad de dialogar y los gobiernos volvieron a demostrarnos que están  más preocupados en encapsular el conflicto”.

La asambleísta recordó además que las movilizaciones con posible interrupción del tránsito se realizarán todos los domingos de septiembre a las 15,30.

La Asamblea, en su proclama, cuestionó al gobierno porque “sigue adelante con las causas, persiguiéndonos, identificando a nuestros compañeros en otras acciones, queriendo asustarnos para desmovilizarnos”.

“Nuestro corrimiento de la ruta en estos más de 60 días no conmovió a nuestros gobernantes como para que nos devolvieran resultados concretos. Es más, vuelven a dilatar los tiempos, no consideran los nombres de técnicos especializados sugeridos por esta asamblea a pedido de cancillería, pareciera que el monitoreo es para que BOTNIA-UPM se quede, para que “no contamine” como dijo el canciller lo cual sabemos que es imposible y no para ser desmantelada como se sostuviera frente al tribunal internacional de La Haya en su momento”.

“Les decimos a los gobiernos que en sus manos está finalizar el conflicto, pero que no ha terminado; que mientras BOTNIA-UPM siga allí envenenando nuestra región el conflicto seguirá abierto, que no aceptamos que se condicione el diálogo a que no ejerzamos nuestra libertad de expresarnos”, indicó la Asamblea en su proclama.

En su proclama, la Asamblea solicitó que se haga público un informe epidemiológico realizado entre mil niños de la región, “la aplicación del Código Aduanero y el control de los camiones  que transitan por ruta 14 y de los buques que navegan por el Río Uruguay con sustancias peligrosas desde y hacia el puerto ilegal de Botnia-UPM “ y “la difusión masiva e intensa en el sistema oficial de información pública de todas las pruebas presentadas ante La Haya que ya demuestran la contaminación de Botnia”.

La entidad vecinal ambiental, asimismo, denunció la supuesta contaminación ambiental transfronteriza por el funcionamiento de Botnia-YUPM, y le reclamó al gobierno que “nos den a conocer a qué fueros recurrirán para plantear el reclamo sobre la contaminación atmosférica, del aire y el impacto socio-económico  en la región provocados por Botnia-UPM”.

También pidió la Asamblea que continúe el Plan de Vigilancia Ambiental del río Uruguay, y que el gobierno uruguayo notifique a los directivos de Botnia que fueron llamados a indagatoria por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay.

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